Consultores advierten que inversiones anunciadas en Chile, Perú y Argentina no garantizan aumentos de producción ni cierren el déficit proyectado por la AIE para 2035.
Los ambiciosos planes de inversión en cobre de los países andinos podrían no entregar el crecimiento productivo que esperan los gobiernos a menos que la industria supere obstáculos de financiamiento, infraestructura y operacionales, advierte GEM Mining Consulting en un análisis que desglosa la brecha entre compromisos de inversión y producción real.
El portafolio minero peruano para 2026 incluye 66 proyectos valuados en $64.100 millones, mientras que la cartera de inversión chilena totaliza $104.500 millones para 2025-2034. Argentina también podría beneficiarse de un marco de financiamiento del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos destinado a movilizar hasta $7.000 millones hasta 2027.
El informe de GEM plantea una advertencia central: “El cobre anunciado no es cobre entregado”. Los compromisos de inversión y las proyecciones de producción ofrecen poca seguridad sobre cuánto metal llegará efectivamente a los clientes.
La Agencia Internacional de la Energía alertó en 2026 que su escenario base del portafolio de minas apunta a un déficit aproximado del 25% contra los requerimientos primarios de cobre proyectados hasta 2035 bajo su Escenario de Políticas Establecidas. La estimación considera suministro secundario y pérdidas de refinación, subrayando la urgencia de poner en producción nuevas faenas.
Sustentabilidad vs expansión: el primer obstáculo
GEM advierte que gran parte del portafolio de inversión minera chileno corresponde a proyectos brownfield diseñados para sostener producción, reemplazar capacidades declinantes o expandir operaciones existentes. Tales inversiones pueden proteger volúmenes significativos de cobre sin necesariamente aumentar la producción nacional.
En un ejemplo hipotético, una faena que produce 100.000 toneladas anuales caería a 80.000 toneladas para 2030 sin inversión adicional. Gastos de sustentamiento rutinarios mantendrían la producción en 96.000 toneladas, mientras que una expansión la elevaría a 126.000 toneladas. Aunque la expansión produce 46.000 toneladas más que el escenario sin inversión, solo 30.000 toneladas representan producción adicional genuina.
Perú enfrenta un desafío contable similar en sus planes para sumar aproximadamente un millón de toneladas de producción anual de cobre en cinco o seis años. Usando un punto de partida ilustrativo de 2,6 millones de toneladas, GEM estima que un millón de toneladas de adiciones brutas hacia 2032 elevaría la producción nacional a 3,6 millones de toneladas si las operaciones existentes mantuvieran su rendimiento.
Sin embargo, declinaciones anuales del 2% en faenas existentes reducirían el total proyectado a aproximadamente 3,3 millones de toneladas, representando solo 700.000 toneladas de crecimiento neto. Una declinación del 3% cortaría esa ganancia a aproximadamente 570.000 toneladas.
Infraestructura compartida: economía compleja
La madurez de los proyectos presenta otro obstáculo significativo. GEM distingue entre Nueva Centinela (expansión en construcción), Tía María (nueva cantera en avance constructivo) y Vicuña (desarrollo de escala distrital aún en evaluación preliminar). Tratar sus volúmenes de producción propuesta como igualmente ciertos exageraría la confiabilidad de las estimaciones futuras de suministro.
La infraestructura representa una complicación adicional, particularmente para proyectos que dependen de instalaciones compartidas de energía, transporte y exportación. GEM calcula que un sistema de infraestructura compartida entre tres usuarios podría ahorrar $40,56 millones anuales comparado con instalaciones separadas bajo sus condiciones operacionales asumidas.
Si solo dos usuarios avanzan, sus costos combinados de infraestructura independiente totalizarían $152,22 millones anuales, en comparación con $187,78 millones para el sistema compartido sin cambios. El análisis sugiere que infraestructura compartida no es automáticamente la opción más económica, especialmente cuando los cronogramas de proyectos divergen o los participantes anticipados no avanzan.
Financiamiento, regulación y disponibilidad laboral
El marco de financiamiento propuesto por Argentina podría ayudar a desbloquear inversión, pero GEM advierte que no constituye un préstamo minero aprobado ni una asignación dedicada a cobre. Proyectos individuales aún deben asegurar financiamiento, arreglos de procurement elegibles y acuerdos comerciales.
Los cambios regulatorios podrían acelerar desarrollo, aunque GEM argumenta que eliminar barreras administrativas no necesariamente acorta el tiempo requerido para entregar producción comercial. La propuesta peruana de eliminar 27 procedimientos necesitaría direccionar retrasos a lo largo de la ruta crítica del proyecto para producir beneficios medibles.
La disponibilidad de personal añade otra restricción. La proyección de CCM–Eleva de Chile identifica aproximadamente 37.000 nuevos requisitos de trabajadores hasta 2034, reflejando tanto necesidades de reemplazo como demanda impulsada por inversión. GEM identifica personal calificado, experiencia en comisionamiento y disponibilidad de equipos como esenciales para convertir capacidad instalada en producción sostenida.
Recomendaciones: medir contra líneas de base creíbles
Para empresas mineras y tomadores de decisión, la implicación central del informe es que el éxito debería medirse contra baselines de producción creíbles, no contra el valor de encabezados de anuncios de inversión. GEM recomienda evaluar proyectos a través de hitos documentados, compromisos de financiamiento y evidencia de producción comercialmente aceptada, determinando así cuáles desarrollos merecen capital adicional y cuáles aún enfrentan obstáculos capaces de retrasar producción.
