Claudia Cooper, vicepresidenta de Sostenibilidad de la compañía, señala que procedimientos ineficientes y falta de predictibilidad podrían desviar capitales hacia otros destinos con potencial geológico.
La creciente complejidad de los procedimientos administrativos, las exigencias ambientales y sociales sin claridad regulatoria podrían afectar significativamente la competitividad del Perú como destino de inversión minera, advirtió Claudia Cooper, vicepresidenta de Sostenibilidad y Asuntos Externos de Compañía Minera Antamina.
En una entrevista con la Revista Minería del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), realizada en el marco de los 25 años de operaciones de Antamina, la ejecutiva alertó sobre la posibilidad de que los capitales se reorienten hacia otros países con potencial geológico comparable.
“Si operar en el Perú se vuelve demasiado complejo, la inversión puede dirigirse a otros países que también cuentan con potencial geológico”, señaló Cooper, subrayando la necesidad de mejorar la eficiencia operativa sin comprometer estándares ambientales y sociales.
Dos desafíos clave para destrabar inversiones
Cooper identificó dos aspectos fundamentales que requieren atención inmediata: fortalecer la presencia permanente del Estado en territorios mineros y mejorar la eficiencia de procedimientos administrativos.
Respecto a los permisos, la ejecutiva explicó que muchas demoras en la tramitación están vinculadas a la incertidumbre en las instituciones públicas y dificultades sociales territoriales. Enfatizó la importancia de claridad en plazos y costos: “El costo más alto es el que no se conoce”.
Desde su perspectiva, las compañías requieren mayor certidumbre para planificar inversiones. Asimismo, subrayó que las normas deben contar no solo con respaldo legal, sino también con legitimidad ante las comunidades, generando confianza para el desarrollo sostenible de operaciones.
Necesidad de presencia estatal coordinada
Cooper identificó como desafío crítico la falta de presencia permanente del Estado en zonas mineras. Señaló que las empresas frecuentemente enfrentan directamente problemas sociales y demandas comunitarias que corresponden a instituciones públicas.
Advirtió que la intervención estatal suele concentrarse en situaciones de conflictividad, cuando lo necesario es un trabajo continuo que atienda necesidades poblacionales y prevenga controversias futuras.
La ejecutiva destacó que gobiernos locales y regionales tienen responsabilidades fundamentales en infraestructura y servicios, mientras que el Gobierno nacional debe garantizar un entorno regulatorio adecuado. Consideró indispensable articular esfuerzos de los tres niveles de gobierno con participación del sector privado, evitando que compañías mineras sustituyan funciones estatales.
Estos señalamientos reflejan la complejidad que enfrenta la minería peruana en contextos de presión regulatoria creciente y exigencias de legitimidad comunitaria, en un escenario donde la predictibilidad institucional resulta determinante para la viabilidad de nuevos proyectos y la sostenibilidad operacional.
