La Comisión de Minería y Energía avanza en proyecto que busca eliminar integración vertical y mejorar competencia en el mercado del GLP, basado en diagnóstico de la Fiscalía Nacional Económica.
La Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados inició formalmente la discusión del proyecto que apunta a mejorar la competencia y perfeccionar el mercado del gas licuado en Chile. Aunque la iniciativa ingresó en 2023, recién en octubre de 2026 comenzó su tramitación activa, impulsada por un diagnóstico crítico de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que identifica distorsiones estructurales en el sector.
El fundamento central del proyecto es contundente: existe baja intensidad competitiva y alto riesgo de coordinación entre competidores mayoristas, lo que impacta directamente en el precio final del gas licuado para los consumidores. Según el informe de la FNE citado en la discusión legislativa, hacia 2021 los usuarios finales pagaban un sobreprecio anual equivalente a 181 millones de dólares producto de estas ineficiencias del mercado.
El problema se agrava por la integración vertical completa de los mayoristas hasta el consumidor final. Las empresas imponen cláusulas de exclusividad e incentivos comerciales en sus contratos con distribuidores minoristas, generando rigidez agregada considerable en el mercado nacional y limitando las opciones competitivas.
Objetivos principales del proyecto
La iniciativa, que recoge el diseño regulatorio propuesto por la FNE, contempla tres ejes estratégicos:
Primero, mejorar e intensificar la competencia mediante la prohibición de cláusulas de exclusividad y desincentivos que generen efectos anticompetitivos entre mayoristas y minoristas. Segundo, consagrar legalmente la intercambiabilidad de cilindros de GLP, con fiscalización mediante una plataforma informática de monitoreo administrada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Tercero, eliminar barreras de entrada y represalias contra distribuidores que cambien de proveedor.
Posición del gremio minorista
La Asociación Gremial de Distribuidores de Gas Licuado (Asdigas), representada por su presidente Jonathan Cereceda y el abogado Mauricio Daza, respaldó el diagnóstico y la propuesta legislativa. Sin embargo, solicitó mejoras sustanciales en el texto:
Pidieron prohibir expresamente el modelo comisionista concesionario y la fijación de precios de reventa. También demandaron consagrar el deber de suministro, prohibir represalias y declarar inexigibles las cláusulas de exclusividad desde la publicación de la ley. Adicionalmente, solicitaron sanciones verdaderamente disuasivas y que se legitime a las asociaciones gremiales para denunciar infracciones.
Los minoristas también plantearon la necesidad de asegurar condiciones comerciales transparentes y no discriminatorias, así como establecer mediciones a los dos y cuatro años para evaluar si la baja de costos finalmente llega al consumidor final.
Debate en la comisión
Los diputados Bernardo Salinas y José Antonio Rivas respaldaron la propuesta, reconociéndola como relevante y urgente para generar impacto directo en la economía familiar. El diputado Marco Antonio Sulantay destacó la importancia de abordar un servicio de primera necesidad y enfatizó que el proyecto apunta a terminar con la integración vertical que caracteriza hoy a la industria.
El diputado Daniel Valenzuela, aunque favorable a mejorar la competencia, expresó reservas sobre el proyecto, particularmente porque la FNE no ha sostenido la existencia de colusión formal en el mercado del gas licuado.
