La reclamación fue presentada ante el Primer Tribunal Ambiental contra la resolución del SEA que aprobó el proyecto de almacenamiento de energía de 405 MW. Las organizaciones cuestionan riesgos de aluvión, cercanía a una escuela y efectos acumulativos por concentración de iniciat

Diversas organizaciones sociales y vecinales de Diego de Almagro presentaron una reclamación judicial ante el Primer Tribunal Ambiental para impugnar la aprobación ambiental del proyecto “Sistema de Almacenamiento de Energía y Línea de Transmisión BESS Pueblo Hundido”, iniciativa de titularidad de BESS Pueblo Hundido SpA, vinculada a la empresa Flexen.

La acción judicial busca dejar sin efecto la decisión de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que calificó favorablemente el proyecto. Según sostienen los reclamantes, el organismo no habría considerado debidamente sus observaciones ciudadanas, especialmente aquellas relacionadas con riesgos para la salud de las personas, el medio ambiente y la exposición del territorio a amenazas naturales.

Riesgo de aluvión entre los principales cuestionamientos

Uno de los puntos centrales de la reclamación apunta a la ubicación del proyecto y su eventual exposición a riesgos de aluvión. Las organizaciones alegan que la iniciativa se emplazaría en una zona catalogada por Sernageomin como “Área afectada” por el aluvión ocurrido en marzo de 2015, antecedente que, a su juicio, debió ser evaluado con mayor profundidad en relación con la instalación de un sistema de almacenamiento de energía de gran escala.

De acuerdo con la acción judicial, el proyecto contempla la instalación de 1.072 contenedores BESS con más de 6.700 baterías de ion-litio, lo que —según los reclamantes— requería un análisis más robusto sobre la interacción entre riesgos naturales, infraestructura energética y seguridad territorial.

Salud, escuela cercana y percepción de riesgo

La reclamación también cuestiona la evaluación de posibles efectos sobre la salud de las personas, particularmente por la cercanía del proyecto con la escuela Sara Cortés Cortés.

Las organizaciones sostienen que no se habría abordado de manera suficiente la percepción de riesgo de la comunidad ni la necesidad de contar con un plan de seguimiento ambiental adecuado para las etapas de construcción y operación.

En esa línea, el reclamo apunta a que la evaluación ambiental no habría descartado fehacientemente impactos sobre la población cercana ni sobre el entorno local.

Efectos acumulativos y saturación territorial

Otro de los argumentos presentados ante el tribunal se relaciona con los efectos acumulativos de proyectos energéticos en Diego de Almagro.

Según las organizaciones, el radio urbano de la comuna estaría rodeado por trece proyectos energéticos aprobados y otros dos en evaluación simultánea, configurando un escenario de alta concentración territorial de infraestructura energética.

A juicio de los reclamantes, este contexto debió ser ponderado dentro de la evaluación ambiental, considerando la carga territorial acumulada y sus eventuales efectos sobre comunidades, servicios, paisaje, seguridad y planificación local.

Proyecto de US$400 millones

El proyecto BESS Pueblo Hundido considera la construcción y operación de un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías de ion-litio, con una capacidad instalada de 405 MW.

La iniciativa incluye 1.072 contenedores BESS, una subestación elevadora y una línea de transmisión de aproximadamente 20,8 kilómetros. El proyecto se emplaza en la comuna de Diego de Almagro, Región de Atacama, contempla una vida útil estimada de 25 años y considera una inversión de US$400 millones.

Tribunal acoge a trámite reclamación

El Primer Tribunal Ambiental acogió a trámite la reclamación, correspondiente a la causa Rol R-170-2026, y solicitó un informe al SEA respecto de los fundamentos que sustentaron su decisión. Las comunidades pidieron al tribunal dejar sin efecto la resolución del SEA y calificar desfavorablemente el proyecto, argumentando que no se habrían descartado adecuadamente sus impactos sobre la salud humana y el entorno local.

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