La liquidación de Doe Run Perú vuelve a cambiar de responsable. La Sala Especializada en Procedimientos Concursales del Tribunal del Indecopi revocó la designación de Alva Legal Asesoría Empresarial S.A.C. como liquidadora de la empresa y nombró en su reemplazo a Marco Eusebio Chávez Magán.

La resolución marca un nuevo giro en uno de los procesos concursales más extensos de Perú, iniciado en 2012 y aún pendiente de cierre tras más de 14 años de tramitación.

La decisión del Tribunal responde a un recurso de apelación presentado por Chávez Magán. De acuerdo con los antecedentes del caso, la Sala determinó que durante la evaluación de los postulantes se utilizaron registros que ya no se encontraban vigentes para comparar la experiencia y el número de procedimientos asumidos por los candidatos.

Con ello, el Tribunal dejó sin efecto la designación de Alva Legal y resolvió entregar la conducción del proceso a Marco Eusebio Chávez Magán, quien deberá asumir la etapa final de la liquidación.

Un proceso con múltiples cambios de responsables

Desde su inicio, la liquidación de Doe Run Perú ha pasado por una extensa lista de administradores y liquidadores. Entre los responsables que han intervenido en el proceso figuran Right Business, Profit Consultoría e Inversiones, Dirección Integral y Gestión de Empresas (Dirige), Carrizales Infraestructura & Servicios Públicos, Alta Sierra, Consultores A-1, Alva Legal Asesoría Empresarial y ahora Marco Eusebio Chávez Magán.

Durante estos años se han registrado renuncias, pérdida de registros, apelaciones, nuevas designaciones y procedimientos administrativos iniciados por Indecopi contra algunas de las entidades que asumieron la conducción del caso.

Los reiterados cambios han prolongado la incertidumbre en torno a la liquidación y han reabierto el debate sobre la necesidad de mayor estabilidad y predictibilidad en procesos concursales de alta complejidad.

Nueva etapa para preservar activos y distribuir recursos

Con su nombramiento, Chávez Magán deberá elaborar un plan de trabajo, preservar los activos remanentes de la empresa y continuar las gestiones necesarias para la liquidación y posterior distribución de recursos entre los acreedores.

Estas funciones deberán ejecutarse conforme a la Ley General del Sistema Concursal, en una etapa donde el foco estará puesto en ordenar los activos pendientes y dar continuidad al proceso.

El cambio de liquidador ocurre en un momento clave, ya que aún está pendiente la recuperación de uno de los principales activos remanentes del proceso: un fideicomiso por aproximadamente US$19,4 millones. Esos recursos deberán incorporarse al patrimonio en liquidación para su posterior distribución entre los acreedores, de acuerdo con la legislación vigente.

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