La implementación de la Ley N° 20.920 sobre gestión de residuos, Responsabilidad Extendida del Productor (REP) y fomento al reciclaje está modificando la forma en que la minería aborda los materiales que llegan al final de su vida útil. Más allá de su disposición final, el nuevo escenario regulatorio impulsa su recolección, tratamiento y eventual reincorporación a los ciclos productivos.
Este proceso adquiere especial relevancia en una industria intensiva en el uso de insumos, equipos y materiales. Neumáticos, aceites lubricantes, envases y embalajes, y baterías, entre otros productos prioritarios contemplados por la normativa, están presentes en distintas etapas de la actividad minera. La ley establece que sus productores o importadores deben hacerse cargo de su gestión una vez terminada su vida útil, mediante sistemas que permitan cumplir las metas de recolección y valorización.
Bajo este marco, las compañías mineras no solo deben asegurar una adecuada segregación, almacenamiento y trazabilidad de los residuos generados en sus faenas, sino también vincularse con nuevos actores y modelos de gestión. A ello se suman retos asociados a la capacidad de tratamiento, los costos logísticos y el desarrollo de mercados capaces de dar salida a los materiales recuperados.
Neumáticos: del residuo a la valorización
Entre los productos prioritarios, los neumáticos fuera de uso (NFU) reflejan con especial claridad esta transformación, particularmente por el tamaño y volumen de las unidades utilizadas en las operaciones de extracción y transporte. El objetivo es generar mecanismos que permitan aumentar progresivamente su recolección y valorización, y así convertir un residuo que históricamente representaba un desafío logístico y ambiental en una corriente susceptible de aprovechamiento.
Al ser consultado sobre la implementación de esta normativa, el Ministerio del Medio Ambiente -a través de un escrito- elaborado para Revista Minería Chilena, comentó que, considerando que el DS N° 8/2019 establece que las metas de valorización y de recolección de neumáticos categoría B son equivalentes para cada año; que las metas de recolección se entenderán cumplidas en el momento de su valorización; que a contar del 2027 el porcentaje de cumplimiento debe alcanzar un 75% de lo puesto en el mercado, y que la valorización contempla dentro de sus operaciones el recauchaje: “Creemos que lo anterior es una oportunidad para el medio ambiente desde el punto de vista de la prevención de residuos, y es un desafío para el sector, considerando que hay faenas mineras que permiten el uso de neumáticos recauchados por parte de sus prestadores de servicios logísticos, y hay otras que restringen esta práctica por motivos de seguridad”, precisaron.
Como parte de las acciones orientadas a abordar estas dificultades, desde la cartera puntualizaron -en el documento- que Corfo constituyó una Mesa Ejecutiva de la Productividad (MEP) para abordar los principales desafíos de la implementación de la Ley REP para los neumáticos. En este contexto, se identificaron trabas y se propusieron soluciones normativas y de gestión, entre ellas, potenciar el recauchaje como una forma de cumplimiento de las metas de valorización y prevención en la generación de residuos. “Esto permitiría implementar prácticas de economía circular, extendiendo la vida útil de los neumáticos y reduciendo la generación de residuos y la emisión de gases de efecto invernadero”, puntualizaron.
Para ampliar las alternativas disponibles, desde el Ministerio agregaron que la medida permitiría fortalecer los modelos de negocio circulares y diversificar las opciones de cumplimiento, bajo estándares de seguridad técnica mediante recauchaje certificado, además de contribuir al empleo calificado y a la economía local.
Para impulsar la economía circular de los neumáticos en la minería, desde el Ministerio puntualizaron que se propuso avanzar en medidas como la ecomodulación, incentivos para el uso de neumáticos recauchados, sistemas de depósito y reembolso, capacitación para las flotas y una articulación entre Codelco y el Ministerio del Medio Ambiente.
Más allá del cumplimiento normativo
Desde la experiencia de la industria, José Tomás Morel, gerente de Estudios del Consejo Minero, recordó que los neumáticos fueron el primer producto en el que se aplicó la Ley REP, de modo que “la minería estuvo entre los primeros sectores en enfrentar esta regulación. No se trata de un desafío menor, porque hablamos de neumáticos de camiones mineros de más de 57 pulgadas, con 3,5 metros y cinco toneladas de peso, cuya disposición al final de su vida útil ya se sometía al SEIA”.
“El cambio de fondo es que un residuo que antes se acopiaba en faena hoy está sujeto a metas obligatorias de valorización, que parten en un 25% y llegan al 100% en el caso de los neumáticos mineros”, agregó.
Los efectos de este cambio ya pueden observarse en distintas operaciones. Morel profundiza que este giro ya se observa en distintas operaciones mineras. Escondida cuenta con un programa de reparación y recauche que registra 1.816 neumáticos valorizados, mientras Codelco reporta el reciclaje de más de 6.400 toneladas. También se registran iniciativas de valorización en Collahuasi, Antofagasta Minerals y Teck, con distintos programas de reciclaje y recuperación de neumáticos fuera de uso.
Pese a estos avances, considerando el gran volumen y las dimensiones de los neumáticos, el vocero del Consejo Minero se refiere a los principales desafíos para asegurar su correcta valorización y tratamiento, entre ellos, el tamaño de este elemento, la logística de su traslado y el sobrecosto. “El propio informe que acompañó al decreto estimaba, en régimen, un alza cercana al 8,7% en el costo de los neumáticos mineros, y cifraba en torno a US$58 millones el costo de implementar la Ley REP para este tipo de neumáticos, frente a beneficios estimados del orden de US$61 millones. El desafío, por lo tanto, es cumplir las metas sin afectar la competitividad de la industria”, acotó.
La disponibilidad de infraestructura constituye otra dimensión del problema. Carlos Gajardo, gerente de Medio Ambiente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), plantea que avanzar hacia una gestión de residuos basada en la economía circular requiere superar la lógica de cumplimiento y fortalecer la infraestructura de valorización en las regiones mineras. “Un enfoque territorial e infraestructura compartida permitiría descentralizar la capacidad de tratamiento del país, reduciendo significativamente los costos logísticos y la huella de carbono asociada al transporte a largas distancias”, expuso.
A las brechas territoriales se añaden aspectos regulatorios y económicos. Gajardo añadió que “resulta indispensable simplificar y alinear la normativa vigente para asegurar coherencia y evitar la duplicidad de exigencias. Asimismo, necesitamos desarrollar un mercado secundario robusto para los materiales reciclados, lo que es fundamental para dar viabilidad económica a la valorización”.
Trazabilidad y control de las obligaciones REP
Más allá del tratamiento de los residuos, uno de los retos para la industria está en asegurar la trazabilidad de las operaciones y el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley REP.
En materia de fiscalización, Emanuel Ibarra, superintendente del Medio Ambiente, explicó que la fiscalización se realiza “por capas”, a partir de la información reportada en SISREP y su contraste con los documentos que respaldan las operaciones. “La primera es el catastro y reporte periódico en el SISREP de las operaciones relevantes, vale decir, la introducción al mercado nacional de productos prioritarios y las operaciones de manejo de residuos realizadas. La segunda consiste en fiscalizaciones que tienen por objeto analizar la consistencia de los datos reportados a la SMA”, afirmó.
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Fuente: MCH
