Empresa interpone acción civil contra Sindicato Nacional N°2 y cinco dirigentes por bloqueos que afectaron operaciones mineras en enero. Demanda incluye pérdidas operacionales, gastos extraordinarios y daño reputacional.
Finning Chile escaló su disputa laboral con el Sindicato Nacional N°2 al interponer una demanda civil por $774,7 millones contra la organización, cinco dirigentes sindicales y el abogado que los asesoró, según información publicada por Diario Financiero.
La acción judicial, presentada en junio ante el 4° Juzgado Civil de Antofagasta, se suma a la querella penal iniciada en enero bajo la Ley de Seguridad del Estado por los bloqueos registrados durante la huelga legal que afectó las operaciones en la mina de Escondida.
Huelga de cinco días y cierre de accesos
La paralización comenzó el 20 de enero tras el fracaso en las negociaciones colectivas y se extendió durante cinco jornadas. Según Finning Chile, los manifestantes bloquearon los accesos a sus instalaciones en el sector La Negra y a la Ruta de la Minería, interrumpiendo la prestación de servicios comprometidos con clientes del sector minero, en particular con Escondida.
La defensa del sindicato ha cuestionado la competencia de la justicia civil, sosteniendo que el conflicto debe resolverse a través de los tribunales laborales por estar vinculado directamente a un proceso de negociación colectiva. Los demandados solicitaron que Finning Chile especifique qué conducta atribuye a cada accionado y cómo se relaciona con los perjuicios económicos reclamados.
Desglose de las pérdidas reclamadas
La demanda de Finning desglosa los impactos económicos en cuatro categorías. La empresa reclama $336,8 millones en pérdidas operacionales asociadas a costos derivados de contratos con Escondida, $97,6 millones en gastos extraordinarios, $300,3 millones por pérdida de productividad y $40 millones por daño reputacional. La demanda incluye además reajustes e intereses.
Los demandados son los dirigentes sindicales Germán Barahona, Alejandra Espinoza, Hugo Escobar, Víctor Daza y Lucio Chamaca, así como el abogado Rodrigo Sandoval, quien asesoró legalmente al sindicato durante el conflicto.
Tramitación dual en tribunales
El conflicto ahora sigue dos vías judiciales simultáneamente. La demanda civil continúa su tramitación ante los juzgados de Antofagasta, donde se determinará la procedencia de las acusaciones y compensaciones solicitadas. Mientras tanto, la querella penal presentada por Finning en enero permanece en tramitación en la Fiscalía, manteniendo la disputa abierta en el sistema de justicia.
El caso representa un escalamiento significativo en los conflictos laborales del sector de servicios mineros, reflejando la creciente judicialización de las disputas entre proveedores de servicios críticos y organizaciones sindicales en operaciones de gran envergadura como Escondida.
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