Estudio de Apoyo Consultoría revela complejidad regulatoria en el otorgamiento de permisos ante 17 entidades. Expertos proponen simplificación con énfasis en gestión pública y medición de resultados.
Un diagnóstico realizado por Apoyo Consultoría identificó 470 normas y 97 procedimientos administrativos distribuidos entre 17 entidades para desarrollar un proyecto minero en Perú, revelando una arquitectura regulatoria fragmentada que ralentiza la viabilidad de nuevas operaciones.
Gabriela García, directora de Asuntos Públicos de Apoyo Consultoría, explicó en entrevista que el problema no es solo cuantitativo, sino también cualitativo. La acumulación de requisitos coexiste con duplicidad de exigencias, vacíos jurídicos, normas contradictorias y limitaciones en capacidades institucionales para atender el flujo de procedimientos.
Gestión pública débil amplifica la complejidad regulatoria
García señaló que más allá del diseño normativo deficiente, existe un desafío crítico en la ejecución. «Hay un gran problema en la gestión pública, en las capacidades y, lamentablemente, con toda la fuga de capital humano, al no tener el perfil idóneo ni la dotación adecuada, estas normas contradictorias quedan en manos de personal sin competencias suficientes para resolver problemas públicos complejos», sostuvo.
La especialista enfatizó que el destrabe de proyectos mineros no puede limitarse a contar normas. Requiere un enfoque integral que combine regulación de calidad, personal especializado, información basada en evidencia y sistemas de rendición de cuentas.
Propuesta: Criterios técnicos y coordinación interinstitucional
Apoyo Consultoría propone inventariar el marco normativo y evaluar periódicamente su necesidad y eficacia. En viabilidad ambiental, destaca los esfuerzos del Senace por incorporar inteligencia artificial y mayor predictibilidad, aunque señala que persisten diferencias en capacidades institucionales.
Otro eje central es la coordinación entre entidades para eliminar duplicidad de requisitos. García ejemplificó que información presentada para evaluación ambiental podría avanzar simultáneamente en estudios hídricos mediante procesos paralelos técnicamente viables, reduciendo plazos totales de proyecto.
La propuesta también establece proporcionalidad entre exigencias y riesgo. Recomienda priorizar herramientas como asistencia técnica, declaraciones juradas y controles posteriores sobre regulación pura, aplicadas con criterios de necesidad y legalidad.
Medir resultados más allá de la simplificación normativa
Sobre el anuncio del MINEM de eliminar 27 de aproximadamente 96 permisos, García valoró la orientación modernizadora pero pidió medir impacto real. Proyectos que legalmente deberían tomar tres años frecuentemente demandan más de seis, por lo que los indicadores deben mostrar reducción de plazos reales y cumplimiento de tiempos legales.
Recomendó desarrollar sistemas interoperables que permitan seguimiento de expedientes, identificación de responsabilidades y visibilización de costos de demoras. «Si no tengo un sistema que me permita trazabilidad y saber cuál es el costo de oportunidad de un proyecto que no avanza a construcción, no puedo evaluar efectivamente la reforma», concluyó García.
