Especialistas advierten que agilizar procesos administrativos y fortalecer gestión territorial es clave para materializar cartera de US$64 mil millones en proyectos mineros.
La oportunidad que representa la demanda internacional de minerales críticos para Perú enfrenta un obstáculo estructural: un proyecto minero debe superar 265 trámites distribuidos en 30 instituciones públicas, frente a los apenas 12 requeridos en 2001.
El diagnóstico fue expuesto durante el Rumbo a PERUMIN, evento organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), donde especialistas alertaron sobre la urgencia de reformas administrativas para capitalizar la demanda global por estos insumos estratégicos.
Entre 35 y 40 de los 60 minerales críticos identificados por Estados Unidos se producen como subproductos de operaciones mineras convencionales, según explicó Roderick Eggert, profesor investigador de Colorado School of Mines. Esta característica abre una ventana competitiva para productores establecidos, pero requiere desbloquear proyectos estancados.
Cartera de US$64 mil millones en riesgo
Paola Bustamante, vicepresidenta de Hágase Instituto, presentó un panorama crítico: Perú cuenta con una cartera de aproximadamente 66 proyectos valorados en más de US$64 mil millones, de los cuales solo ocho están en construcción. Esta brecha refleja la parálisis regulatoria que afecta la industria minera peruana.
“Es muy importante que estos proyectos se concreten y esto va a significar una alianza, una articulación, una coordinación a nivel local, regional y nacional”, señaló Bustamante durante su intervención.
La especialista enfatizó otro desafío estructural: la capacidad institucional del Estado peruano para gestionar esta transformación. Durante sus visitas a universidades nacionales, Bustamante observó que menos de 10 de cada 100 estudiantes aspiran a trabajar en el sector público, poniendo en riesgo la calidad técnica de futuras decisiones administrativas.
Crisis de confianza en territorios mineros
Lucía Ruiz, exministra del Ambiente, advirtió sobre un factor político-social crítico: las nuevas autoridades regionales y locales asumirán en zonas marcadas por fragmentación social y crisis de confianza. “Vamos a tener que lidiar con autoridades en el territorio que no suman a veces, sino que restan”, sostuvo.
Ruiz subrayó que este problema no siempre responde a falta de voluntad, sino a capacidades institucionales limitadas. Su diagnóstico fue contundente: es ingenuo asumir que los proyectos mineros llegarán a “hojas en blanco” territoriales. Por el contrario, requieren trabajo social y político anticipado en zonas donde ya existe desconfianza acumulada.
Reformas urgentes para capitalizar oportunidad
Ambas especialistas coincidieron en que reducir trabas administrativas y fortalecer capacidades estatales es condición sine qua non para materializar la oportunidad de minerales críticos. La demanda global es real y urgente, pero Perú corre riesgo de perder participación si no resuelve sus debilidades institucionales y territoriales.
El contexto geopolítico presiona: la transición energética global y la competencia por suministros críticos crean una ventana temporal limitada. Sin reformas ágiles en los próximos meses, otros productores latinoamericanos podrían capturar proyectos que hoy están paralizados en Perú.
