La Convención Minera abordará la cartera de proyectos en cobre que supera los US$ 60.000 millones, simplificación administrativa y formalización económica regional.
La próxima edición de PERUMIN 38 pondrá en debate central la agilización de permisos sin reducir estándares ambientales y laborales, el fortalecimiento de sinergias entre empresas mineras y la coordinación Estado-sector privado para impulsar nuevas inversiones en el país.
La Convención Minera se realizará del 20 al 24 de septiembre de 2027 en Arequipa, según adelantó Víctor Gobitz, presidente del Comité Organizador de PERUMIN 38, al presentar los principales ejes temáticos que estructurarán la cumbre.
Cartera de proyectos en cobre como eje central
Uno de los desafíos prioritarios será aprovechar la cartera de proyectos mineros que supera los US$ 60.000 millones, particularmente en cobre, donde se concentra el mayor volumen de inversión comprometida. Para Gobitz, además de una mayor articulación entre entidades públicas, las propias compañías deben identificar oportunidades de colaboración que faciliten el desarrollo de sus iniciativas.
“Los niveles de inversión son muy altos. Los riesgos asociados son muy altos. Los tiempos son mayores”, señaló Gobitz en entrevista con Rumbo Minero TV. En ese contexto, enfatizó que las empresas deben buscar sinergias estratégicas para acelerar la ejecución de proyectos ante un contexto de complejidad regulatoria creciente.
Simplificación administrativa y sistema de permisos
La agenda de PERUMIN 38 incluirá la simplificación de procedimientos administrativos y sistemas más ágiles de licencias y permisos, un tema crítico para reducir los tiempos de aprobación de nuevos proyectos sin comprometer los estándares de seguridad operacional y protección ambiental.
Gobitz indicó que se discutirá cómo optimizar la coordinación entre instituciones públicas responsables de la evaluación ambiental, social y técnica de proyectos mineros.
Formalización económica y desarrollo territorial
La próxima edición de PERUMIN ampliará la discusión hacia los desafíos económicos y sociales del país, con énfasis especial en integración, formalización y desarrollo regional. Gobitz sostuvo que estos asuntos requieren una perspectiva integral que involucre no solo al sector público y privado, sino también a la academia y la sociedad civil.
En materia de formalización, remarcó que el desafío trasciende la minería de pequeña escala e impacta el conjunto de la economía peruana. Señaló que más del 70% de la población económicamente activa se desenvuelve en condiciones de informalidad, una situación que compromete el acceso al sistema financiero y la capacidad de las personas para planificar su retiro.
La Convención también buscará visibilizar el aporte de la minería al desarrollo territorial mediante la infraestructura que acompaña sus operaciones. “La industria minera es una industria descentralizada que opera en regiones, no opera en la capital”, afirmó Gobitz, enfatizando el impacto económico de la actividad extractiva en zonas productoras.
