Iniciativa del Gobierno propone regularizar deudas del sector eléctrico y revisar contratos antiguos para proteger a familias vulnerables en Los Ríos y Los Lagos.
El proyecto de ley Ordenemos la Cuenta, impulsado por el Gobierno, enfrenta una realidad compleja en el sector eléctrico: las boletas de los hogares no solo reflejan el consumo mensual, sino también el peso acumulado de deudas pendientes, contratos heredados y obras de infraestructura crítica que el sistema arrastra desde años atrás.
La iniciativa busca extender el Subsidio Eléctrico, regularizar montos adeudados con distribuidoras y transmisoras, y reforzar medidas para garantizar mayor continuidad del suministro en regiones vulnerables.
Pagos graduales contra alzas abruptas
Según Miguel Torres, ingeniero eléctrico y académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes (Uandes), uno de los focos centrales del proyecto es evitar que los costos acumulados lleguen de forma abrupta a los clientes finales.
“El objetivo principal que busca el proyecto Ordenemos las cuentas es, de alguna manera, minimizar el impacto de las alzas en los clientes finales y proteger especialmente a familias vulnerables en las regiones de Los Ríos y Los Lagos“, señala Torres.
La propuesta establece un mecanismo de pago gradual para ordenar saldos con distribuidoras y transmisoras. Con ello, se busca regularizar compromisos arrastrados por el sistema eléctrico sin concentrar todo el efecto en una sola boleta, evitando picos de aumento que impacten directamente el presupuesto familiar.
Renegociación de contratos heredados
Otra medida relevante del proyecto es la posibilidad de revisar acuerdos de suministro heredados, a los que siguen sujetas varias empresas distribuidoras. Aunque ese punto no representa un alivio inmediato para los usuarios, sí podría incidir en condiciones más competitivas para el mercado energético.
“Permite revisar y renegociar contratos de suministro eléctrico antiguos, que es a lo que se ven amarradas muchas de las empresas distribuidoras”, explica el académico de la Uandes.
A juicio de Torres, ese tipo de ajustes puede ayudar a reducir costos de energía en el mediano plazo. Además, plantea que el proyecto incluye herramientas para promover inversiones y fortalecer las atribuciones de la autoridad, especialmente en zonas donde la estabilidad del suministro requiere mejoras.
Infraestructura crítica y calidad del servicio
El experto subraya que el proyecto también busca fortalecer la continuidad y calidad del servicio eléctrico a través de inversiones en infraestructura crítica. “De esta manera, también se logra un beneficio para los clientes, pero esto va principalmente por el lado de mejorar las condiciones para que se tenga una mejor calidad y continuidad del servicio eléctrico”, concluye Torres.
Así, el debate en torno a las boletas eléctricas no se limita al valor mensual que llega al hogar. Detrás de cada cuenta pesan compromisos pendientes, contratos heredados de décadas y obras necesarias para contar con un sistema más estable y resiliente, especialmente en regiones que históricamente han enfrentado desafíos en continuidad de suministro.
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