Un balance de Americas Market Intelligence reveló el impacto financiero de las trabas en permisos, litigios y conflictos comunitarios desde 2018. Analistas destacan que las demoras en tramitación desplazan los flujos de caja y deterioran el valor de los activos.
Las complejidades regulatorias, los litigios, los conflictos comunitarios y los problemas de seguridad han costado o paralizado más de US$ 54.000 millones en la industria minera de América Latina desde 2018, según un análisis elaborado por Americas Market Intelligence (AMI). El balance dimensiona cómo las condiciones sobre superficie resultan determinantes para que los recursos minerales logren transformarse en faenas productivas operativas.
De acuerdo con las estimaciones de AMI, cerca de US$ 38.000 millones corresponden a pérdidas documentadas, sanciones, acuerdos extrajudiciales y desvalorizaciones de activos, destacando entre ellos el acuerdo por US$ 31.700 millones asociado al colapso del tranque Mariana en Brasil. Los restantes US$ 16.000 millones representan capital congelado en iniciativas detenidas o postergadas, incluyendo unos US$ 7.000 millones en proyectos cupríferos en Perú y otros US$ 4.000 millones repartidos en tres faenas paralizadas por tramitación ambiental en México.
Consultado sobre este escenario, el director ejecutivo de Plusmining Consulting, Juan Carlos Guajardo, señaló a MINING.COM</strong que la cifra es consistente con el nivel de disrupción que enfrenta el sector, enfatizando la necesidad técnica de distinguir entre las pérdidas financieras ya materializadas y el capital que permanece inmovilizado a la espera de resoluciones.
Impacto de los plazos y certeza de ejecución
El factor tiempo emerge como una de las variables críticas en la viabilidad financiera de las carteras mineras. En este sentido, Juan Ignacio Guzmán, CEO de GEM Mining Consulting, advirtió que los retrasos pueden generar un impacto más severo que los costos directos legales o de seguridad, dado que postergan los flujos de caja proyectados hacia el futuro y erosionan directamente la valoración económica de los proyectos.
Especialistas geopolíticos y del sector coinciden en que la “certeza de ejecución” se ha convertido en el principal desafío para la región. Este concepto trasciende los calendarios administrativos de aprobación de permisos, exigiendo además una legitimidad institucional y social que logre sostenerse durante décadas para evitar la vulnerabilidad estructural de los activos.
La naturaleza de estas trabas varía según la jurisdicción:
<ulChile: La extensión y complejidad en los procesos de evaluación ambiental y permisos sectoriales condicionan tanto nuevas minas como expansiones, ilustrado por la reciente anulación ambiental de permisos clave para la ampliación de Collahuasi por parte del Segundo Tribunal Ambiental.</liPerú: Las relaciones comunitarias y la conflictividad territorial inciden directamente sobre la continuidad operacional, sumando el caso de Las Bambas, que ha enfrentado más de 700 días de bloqueos viales desde el inicio de sus faenas en 2016.</liPanamá y Colombia: Se evidencian escenarios de mayor riesgo político e institucional, como el cierre forzado de Cobre Panamá (US$ 6.800 millones) tras el fallo de inconstitucionalidad de su contrato, o las desvalorizaciones en proyectos como Quebradona de AngloGold Ashanti y las amenazas de seguridad en Buriticá.Reconfiguración de carteras hacia proyectos brownfield
Pese a las cifras acumuladas, los analistas descartan que exista una fuga generalizada de capitales fuera del continente. En su lugar, las compañías mineras globales están aplicando criterios de asignación de capital más selectivos en un momento donde los gobiernos compiten internacionalmente por asegurar el suministro de minerales para la transición energética.
Como respuesta a este entorno, la industria muestra una marcada preferencia por priorizar proyectos de expansión en faenas existentes brownfield por sobre desarrollos completamente nuevos (greenfield), cuyos plazos de retorno resultan más extensos e impredecibles. De forma paralela, países como Argentina, mediante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), y Chile, a través de reformas para agilizar los permisos, buscan restablecer la competitividad y certidumbre regulatoria que demandan los inversionistas.
