La Comunidad Indígena Diaguita Alta Cordillera impugnó la aprobación ambiental del proyecto de Compañía Minera Nevada, vinculada a Barrick, acusando eventuales incompatibilidades con la clausura de Pascua Lama, fraccionamiento y falta de consulta indígena.
El Primer Tribunal Ambiental acogió a trámite la reclamación presentada por la Comunidad Indígena Diaguita Alta Cordillera contra la resolución del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que rechazó recursos administrativos vinculados a la calificación favorable del proyecto “Prospección Minera El Alto”, de Compañía Minera Nevada SpA, sociedad ligada a Barrick Gold Corporation.
La acción judicial busca impugnar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto, ubicado en la comuna de Alto del Carmen, Región de Atacama, en una zona de alta sensibilidad ambiental, territorial y cultural por su cercanía con el área asociada al histórico caso Pascua Lama.
Cuestionamientos por Pascua Lama y eventual fraccionamiento
Entre los principales argumentos de la comunidad está que la prospección contemplaría actividades que, a su juicio, serían incompatibles con la clausura definitiva del proyecto Pascua Lama.
La reclamante también plantea que existiría un eventual fraccionamiento de proyecto, debido a la tramitación paralela de la Declaración de Impacto Ambiental de Prospección Minera El Alto y el Estudio de Impacto Ambiental asociado a la fase de cierre de Pascua Lama.
Según la comunidad, en 2021 el titular habría intentado ejecutar sondajes de prospección que, de acuerdo con su planteamiento, corresponderían a los mismos que ahora se presentan bajo la denominación El Alto, y que habrían sido declarados ilegales por la Corte Suprema.
Críticas a la evaluación ambiental
La Comunidad Indígena Diaguita Alta Cordillera también cuestiona que una parte relevante del área del proyecto haya sido considerada como infraestructura existente, lo que —según su reclamación— habría impedido una evaluación ambiental adecuada.
Además, controvierte la forma en que fueron evaluados posibles impactos sobre la criósfera, el patrimonio arqueológico, los sistemas de vida de la comunidad y distintos sitios de significación cultural.
En materia indígena, la comunidad sostiene que el proyecto debió ingresar mediante un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y contemplar un proceso de consulta indígena, en lugar de tramitarse por Declaración de Impacto Ambiental.
También objeta la delimitación del área de influencia del medio humano y la forma en que el SEA abordó las observaciones ciudadanas presentadas durante la evaluación.
Comunidad pide anular aprobación ambiental
En su reclamación, la comunidad solicita que se declaren ilegales y se anulen dos decisiones: la resolución de la Dirección Ejecutiva del SEA que resolvió su reclamación administrativa y la resolución que aprobó ambientalmente el proyecto.
De manera subsidiaria, pide que el proyecto sea sometido a una nueva evaluación ambiental mediante un EIA con proceso de consulta indígena.
Como segunda petición subsidiaria, solicita que se anule únicamente la resolución de la Dirección Ejecutiva del SEA y que el organismo dicte una nueva decisión, pronunciándose sobre todas las materias planteadas y considerando previamente la opinión de la Superintendencia del Medio Ambiente respecto de los alcances de la clausura de Pascua Lama.
Tribunal solicita informe al SEA
Tras acoger a trámite la reclamación, el Primer Tribunal Ambiental requirió informe al SEA para que explique los fundamentos de su decisión y remita los antecedentes del procedimiento administrativo.
Junto con la reclamación, la comunidad solicitó una medida cautelar para suspender los efectos de la RCA mientras se tramita la causa y hasta que se dicte sentencia definitiva.
Esa solicitud se encuentra en estudio por parte del tribunal, que deberá resolver si suspende o no los efectos de la autorización ambiental mientras avanza la revisión judicial.
Proyecto considera 43 plataformas y US$35 millones de inversión
El proyecto Prospección Minera El Alto contempla sondajes mineros tipo diamantina para aumentar la certeza sobre el potencial del recurso metálico, delimitar recursos y reservas mineras.
Para ello, considera la habilitación de 43 plataformas, sobre una superficie estimada de 212 hectáreas, con una superficie efectiva de obras de 5,04 hectáreas.
La iniciativa se ubica en la comuna de Alto del Carmen, a unos 150 kilómetros al suroriente de Vallenar, en el límite con Argentina. Su vida útil sería de dos años, concentrada en dos temporadas, entre septiembre y mayo, debido a las condiciones climáticas de la zona. La inversión estimada alcanza los US$35 millones.
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