El Primer Tribunal Ambiental escuchó los alegatos de la Comunidad Indígena Atacameña de Toconao y regantes locales, quienes cuestionan la aprobación del proyecto de Minera Plata Carina SpA por eventuales impactos en las aguas subterráneas y sus sistemas de vida.
El Primer Tribunal Ambiental llevó a cabo la audiencia de alegatos para revisar dos reclamaciones presentadas por la Comunidad Indígena Atacameña de Toconao y la Asociación Indígena de Regantes y Agricultores de Toconao contra el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Las acciones legales buscan impugnar la resolución del Director Ejecutivo del SEA que, tras acoger una reclamación administrativa de la empresa, revirtió una calificación inicial desfavorable y aprobó el proyecto de prospección minera “Exploraciones Aida”, cuyo titular es Minera Plata Carina SpA.
El debate central de la jornada se enfocó en determinar si el proceso de evaluación contó con los antecedentes técnicos suficientes para descartar efectos adversos significativos sobre los recursos hídricos de la zona, especialmente ante las incertidumbres detectadas en el modelo conceptual hidrogeológico y el riesgo de intercepción de aguas subterráneas durante la ejecución de los sondajes.
Cuestionamientos hidrogeológicos e impacto cultural
La abogada Carolina Sagredo, representante de la Comunidad Indígena Atacameña de Toconao, argumentó que las observaciones ciudadanas sobre la afectación hídrica no fueron ponderadas adecuadamente. Sagredo advirtió sobre la falta de información respecto a la profundidad del nivel freático, la dinámica de recarga de los acuíferos y su conectividad con ecosistemas frágiles. Además, respaldó su postura citando los reparos previos de la Dirección General de Aguas (DGA), entidad que cuestionó la supuesta impermeabilidad de la unidad donde se realizarían las perforaciones. “Existe una incertidumbre estructural, no una incertidumbre residual”, enfatizó la abogada.
En la misma línea, Javiera Pérez, abogada de la Asociación Indígena Atacameña de Regantes y Agricultores de Toconao, subrayó que el sistema de evaluación ambiental tiene un carácter “preventivo y predictivo” y que su función “es resolver la incerteza antes y no administrarla durante la ejecución”. Pérez advirtió sobre el riesgo de que las perforaciones afecten flujos subterráneos que alimentan vegas, bofedales, el río Jere y los cultivos locales.
Junto a la dimensión hídrica, los reclamantes cuestionaron la metodología utilizada para caracterizar los sistemas de vida y costumbres del pueblo Lickanantay. Las abogadas explicaron que el territorio atacameño comprende diversos pisos ecológicos utilizados para el pastoreo, la trashumancia y prácticas ceremoniales, advirtiendo que cualquier alteración al recurso hídrico impactaría directamente en estas actividades tradicionales.
Defensa del SEA y de Minera Plata Carina
Por su parte, el Servicio de Evaluación Ambiental solicitó el rechazo de las reclamaciones. El abogado del SEA, Julio Herrera, argumentó como cuestión previa que los demandantes no agotaron la vía administrativa correspondiente. Respecto al componente hídrico, Herrera aseguró que las incertidumbres del modelo fueron identificadas y que se establecieron condiciones estrictas, incluyendo un plan de contingencias y un protocolo de alumbramiento de aguas que obliga a la detención inmediata de las obras en caso de hallazgos.
En representación de Minera Plata Carina SpA, la abogada Carola Salamanca defendió la rigurosidad de la evaluación y aseguró que “el proyecto fue diseñado para no interceptar acuífero alguno”. Según la empresa, los ocho sondajes proyectados se ejecutarían en una unidad de baja permeabilidad geológica, descartando una afectación a los ecosistemas locales.
El proyecto “Exploraciones Aida” contempla una inversión de un millón de dólares y busca confirmar la presencia de cuerpos mineralizados en la comuna de San Pedro de Atacama mediante ocho plataformas de sondaje, con un plazo de ejecución estimado de tres meses.
