Una iniciativa legal ingresada a la Cámara de Diputados propone modificar el decreto ley N° 1.350 para eliminar la representación de los operarios en la cúpula de la minera estatal. La Federación de Trabajadores del Cobre decretó alerta acusando un intento de privatización.
El debate sobre el modelo administrativo de la principal productora de cobre del mundo enfrenta un nuevo hito legislativo. Un bloque de ocho parlamentarios del oficialismo ingresó un proyecto de ley ante la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, cuyo objetivo es modificar el decreto ley N° 1.350 para eliminar de manera definitiva la participación de los representantes laborales en el directorio de Codelco.
La moción se sustenta en el complejo escenario financiero de la minería estatal, advirtiendo que, tras un aumento de la deuda corporativa de US$ 972 millones durante el ejercicio 2025 y el desarrollo de un agresivo plan de inversiones estructurales, la mesa directiva requiere integrantes con lealtad exclusiva hacia la empresa y el Estado. Bajo este argumento legal, la defensa de los intereses de los trabajadores debería canalizarse estrictamente a través de los mecanismos de negociación colectiva.
Respuesta sindical y fiscalización de activos
La tramitación de esta enmienda legislativa detonó la activación inmediata de un estado de alerta nacional por parte de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) a lo largo de todas las operaciones mineras de la estatal. La multisindical cataloga la ofensiva parlamentaria como una estrategia orientada a neutralizar la fiscalización interna de la compañía y facilitar la enajenación de activos estratégicos, advirtiendo sobre un riesgo de privatización encubierta.
El diagnóstico de los representantes laborales apunta a que la remoción de sus asientos directivos busca silenciar el control técnico sobre el incremento de costos operacionales asociados a proveedores mineros externos y frenar el impulso de iniciativas de internalización de funciones operativas y de mantenimiento, las cuales consideran vitales para recuperar la competitividad y resguardar la infraestructura crítica de la corporación.
