El martes recién pasado, la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional terminó de votar las normas que propondrá al Pleno para ser decididas este sábado sobre el estatuto constitucional que regirá la principal industria del país, luego que el primer informe fuera rechazado en general.
El nuevo texto, si bien modera el borrador original en algunos aspectos, mantiene la eliminación del sistema actual de concesiones mineras, otorgadas por el Poder Judicial y de duración indefinida, por autorizaciones administrativas, las que serían otorgadas por un órgano administrativo y temporales.
De acuerdo con María Paz Pulgar, académica y abogada, Counsel del Área de Recursos Naturales del estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uria, “llama la atención la inquina que la Comisión de Medio Ambiente muestra con el régimen concesional minero, el cual ha sido la base que ha permitido y fomentado el desarrollo de Chile como potencia a nivel mundial. Tanto es así, que nuestro sistema ha sido replicado por varias jurisdicciones internacionales. Por supuesto que es posible introducirle mejoras. De hecho, en febrero de este año, se publicó la mayor modificación al Código de Minería desde su publicación en 1983”.
¿Qué evaluación hace del texto que votará el sábado el Pleno de la Convención?
El nuevo texto aprobado por la Comisión y que será propuesto para ser votado por el Pleno de la Convención este sábado es prácticamente tan malo como el informe anterior que fue rechazado en general. Los cambios incorporados son menores ya que no logran llevar la propuesta a un nivel que permita que la industria siga madurando y aportando para que Chile logre, finalmente, ser un país desarrollado.
Desafortunadamente, la minería quedó radicada en la Comisión de Medio Ambiente, donde la preocupación de sus miembros, de forma muy legítima, es la protección de la naturaleza. El problema es que el lápiz del nuevo estatuto constitucional para la principal industria del país lo tienen personas que no están pensando en cómo reforzar o modernizar la minería, sino que la ven como el enemigo.
Desde el sector minero se ha insistido mucho con el tema de la certeza jurídica. ¿Es más sensible que otras industrias?
Las personas desconocen u olvidan que la minería es eminentemente riesgosa. Requiere altísimas inversiones, llegando a miles de millones de dólares, y horizontes de desarrollo en extremo largos, de decenas de años solo para empezar a producir. Esto hace que sea no solo conveniente sino indispensable que las reglas del juego sean claras y estables a lo largo del tiempo. Esa certeza jurídica es en gran medida lo que nos permitió posesionarnos internacionalmente como un destino atractivo de inversiones mineras y, como consecuencia de ello, llegar a ser el mayor productor de cobre del mundo.
Eso es lo que está en juego en este momento.
El informe de reemplazo de la Comisión insistió con modificar el régimen de concesiones mineras. ¿Qué opina al respecto?
El argumento que se esgrime en favor de las autorizaciones administrativas es que muchos países basan su sistema jurídico minero en ellas. Efectivamente, las autorizaciones administrativas per se no son perjudiciales. Su efecto, en definitiva, dependerá fundamentalmente del marco jurídico que las rodea.
Sin embargo, el texto aprobado apunta en el sentido contrario. Se establece una nueva autoridad administrativa abstracta y ambigua, con facultades ilimitadas para otorgar y caducar o extinguir los nuevos permisos, sin siquiera esbozar los criterios para darlos por terminados. Además, incorpora el concepto de “cuotas”, las que también serán determinadas por este órgano centralizado plenipotenciario. Asimismo, se indica que las autorizaciones administrativas serán temporales y no habrá sobre ellas derecho de propiedad. Queda abierta la duda de cuanto será esa duración. No olvidemos que El Teniente de Codelco inició su explotación en 1904 y continúa su operación.
El texto despachado al pleno tuvo una novedad, esta vez se habla que el cobre será mayoritariamente estatal…
Así es. Sobre el cobre señala que “el Estado explorará y explotará por sí mismo, y podrá hacerlo en asociación con particulares siempre resguardando la participación mayoritaria del Estado”. Los más optimistas quieren interpretarlo como una prohibición a la eventual privatización de Codelco. La redacción sería, a lo menos, un tanto rebuscada si el fin era ese. Los más pesimistas (o realistas dirán otros) entienden que solo el Estado podrá explotar el cobre, y que podrá asociarse para ello con privados que tendrán una participación minoritaria. En cualquier caso, la propuesta es ambigua.
Por otro lado, el texto también cerró la puerta en forma definitiva a la posibilidad de que privados puedan participar en el desarrollo de proyectos de hidrocarburos y litio, eliminando el actual sistema de contratos especiales de operación y prohibiendo también la alternativa de una asociación público-privada. O el Estado o nadie.
Llama la atención la incorporación de las tierras raras a las sustancias reservadas, sin que se hayan realizado estudios que acrediten el interés nacional de una magnitud tal que justifique excluir a los privados de desarrollar este tipo de proyectos.
¿Qué la pareció el que se incorporen regalías o royalty con un rango constitucional?
La regalía que se incorpora, la que busca “reflejar el valor que tiene para Chile la pérdida del bien natural ocasionada por la actividad productiva”, no podrá ser menor a una quinta parte del valor de venta de las sustancias o su equivalente y no será gasto deducible. Dudo que al día de hoy haya algún proyecto minero en operación que resista esta regalía.
