La Cámara de Diputadas y Diputados respaldó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también llamado Acuerdo de Escazú ((boletín 14852). Ahora deberá ser revisado en el Senado.
Según señaló el organismo gubernamental, el texto aborda aspectos fundamentales de la gestión y la protección ambientales desde una perspectiva regional, se regulan los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia.
En ámbitos como el uso sostenible de los recursos naturales y la conservación de la diversidad biológica, se suma la lucha contra la degradación de las tierras y el cambio climático, el aumento de la resiliencia ante los desastres, además de incluir la primera disposición vinculante, en el mundo, sobre la protección a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, según indican desde la Cámara Baja.
El Acuerdo de Escazú
En concreto, el acuerdo establece el derecho de acceso a la información, de modo de garantizar la transparencia de la información ambiental, en su dimensión pasiva y activa, como explicaron desde el organismo.
Asimismo, consagra el derecho de acceso a la participación en el proceso de toma de decisiones ambientales, particularmente, respecto de proyectos o actividades de impacto significativo sobre el medio ambiente. Incluye aquellos que afecten la salud y asuntos ambientales de interés público.
Desde la Cámara señalaron que también presenta normas en torno al acceso a la justicia en asuntos ambientales. En tal plano, cautela las garantías del debido proceso, para acceder a instancias judiciales y administrativas.
Además, en el texto se indica que el acuerdo dispone que cada parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.
Según la Cámara Baja, este pacto entró en vigencia el 22 de abril de 2021, tras constatarse la ratificación de 11 de los Estados parte. En la actualidad, el número alcanza a 12 Estados, a saber: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
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