El especialista en Gestión Social advirtió que, aunque la conflictividad social ha disminuido, el 2025 podría ser un año más complicado debido al crecimiento de la actividad ilegal y la fragilidad del gobierno ante un cambio de mandato.
Durante su participación como panelista en el Jueves Minero, evento organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Fernando Castillo, consultor en Gestión Social en minería y energía, señaló que la disminución de conflictos sociales en el sector minero durante los años 2022 y 2023 se debe a una situación particular: la migración de los operadores antimineros hacia la minería ilegal.
Castillo explicó que, en los últimos años, las tensiones sociales que históricamente caracterizaron a la minería peruana han disminuido significativamente debido a que muchos de los actores que anteriormente se oponían a los proyectos mineros han optado por involucrarse en actividades ilegales.
“Históricamente la problemática de la minería en el país tenía dos grandes problemas: la tramitología y la conflictividad social. Hoy la conflictividad social está bastante disminuida, focalizada en casos específicos como Tía María, Río Blanco, Conga y otros. Pero no hay una conflictividad social clara. No hemos tenido conflictos sociales fuertes entre 2022 y 2023 por una razón sencilla: los operadores antimineros han migrado a la minería ilegal”, aseveró el especialista.
Castillo también advirtió que el año 2025 podría ser menos favorable debido a la presencia de la actividad ilegal en la minería, una economía que ha desplazado incluso al narcotráfico.
“Quizás el 2025 sea peor por dos razones simples: el precio de los minerales se sigue yendo hacia arriba y, segundo, es que conforme se acerca un cambio de mandato el gobierno es mucho más frágil. Si hoy no ha intervenido, va a ser mucho más complejo que lo haga el año próximo. Lo único que ha hecho el Congreso ahora es trasladar las protestas de la avenida Abancay a San Borja (sede del ministerio de Energía y Minas)”, añadió.
La intervención de Castillo subraya la necesidad de una decisión política firme para combatir la ilegalidad y fortalecer el marco normativo del sector minero para garantizar que Perú no pierda su competitividad frente a países vecinos.
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