A menos de dos meses de que finalice el periodo al frente del gremio de Jorge Riesco —quien fue elegido presidente de la Sociedad Nacional de Minería, (Sonami) el 31 de agosto de 2022 para un período de tres años—, MINERÍA CHILENA conversa con el actual líder gremial.
En esta entrevista, Riesco no sólo expone su intención de continuar en el cargo en la reelección prevista para agosto de 2025, sino que además entrega un balance del escenario nacional de la minería, repasando los últimos avances de la Sonami, y compartiendo su visión sobre el royalty minero y las condiciones de inversión que se dan en el sector por factores país.
¿Cuáles han sido los principales retos que ha debido enfrentar en este tiempo al frente del gremio?
El primer reto fue nuestro propio programa, porque pusimos metas bastante altas. Sonami tiene un peso importante en la industria, pero nosotros nos propusimos dar un giro hacia la mediana y pequeña minería y revitalizar su funcionamiento interno. Tuvimos que analizar la estructura y las metas que nos habíamos planteado, y creo que lo hemos ido logrando. Fuimos capaces de revitalizar el funcionamiento interno y adecuar algunas estructuras a los cambios que han surgido desde los mismos socios y empresas.
Las comisiones se han adaptado a cambios de temática y funcionamiento, logrando actualizar su composición. Un ejemplo es la Comisión de Asuntos Legislativos, donde hemos plasmado una nueva forma de analizar temas desde el punto de vista legal.
Otro hito importante fue la creación del Centro de Estudios de la Minería de Sonami (CEMS), que significó una nueva forma de abordar los estudios, bajo la dirección de una gerencia de proyectos y con profesionales jóvenes de diversas disciplinas, incluido un economista.
¿Cómo evalúa el clima actual para la minería? ¿De qué dependen señales de mayor estabilidad?, considerando también factores de incertidumbre a nivel global
El problema con el clima actual es que está encrespado, con mucha discusión, y no hay tiempo para conversar y lograr consensos necesarios para dar estabilidad al sector minero. Nuestra minería es heterogénea y requiere visiones distintas para tomar medidas concretas, pero antes necesitamos que la legislación y el ordenamiento retomen un nivel de aplicación uniforme y coherente, algo que creemos no ha ocurrido en los últimos años debido a una vorágine legislativa que ha desafiado la normativa existente. Esto genera sensación de inestabilidad, falta de certeza y continuidad.
Esa falta de consenso y estabilidad es muy negativa para la minería, que es una actividad de largo plazo y requiere tiempo para madurar inversiones y proyectos. Esa es la principal dificultad.
¿Qué percepción tiene acerca del actuar del Estado en relación a la minería nacional? ¿siente que se ha abierto a darle mayor espacio a la relevancia del sector por su contribución?
Si hablamos del Estado como su conjunto, todos los poderes del Estado trabajando juntos, yo creo que estamos lejos todavía de dar la estabilidad que nosotros requerimos para funcionar en el largo plazo.
Después de finalizar el proceso constitucional, han existido una serie de controversias en torno a la tramitación ambiental de tantos proyectos. Ahora último hubo una controversia de competencia entre Tribunales Ambientales y el Comité de ministros que depende del Ejecutivo, con un Poder Legislativo que todavía no se puede poner de acuerdo rápidamente en cuáles son las condiciones legislativas para poder zanjar un proceso de evaluación ambiental razonable, es decir, sólo en ese plano ya estamos muy al debe.
El Estado en la medida que garantice una buena institucionalidad, que funcione, puede generar una condición favorable para que se realicen inversiones, proyectos y se desarrolle la actividad empresarial. Si eso no es así, abrimos la puerta a una inseguridad y a una inestabilidad en las reglas del juego que nunca es buena.
¿Qué avance se puede visualizar?
El gobierno, con su poder como colegislador y la iniciativa exclusiva en varias materias, ha avanzado en una línea que no esperábamos, principalmente con el proyecto impulsado por el Ministerio de Economía. Sin embargo, las autoridades de medio ambiente mantienen una posición más dubitativa.
Recientemente, el Consejo de Ministros aprobó una modificación al reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental con facilidades para la continuidad operacional de algunos proyectos, lo que valoramos positivamente. Dado que hay una indicación aprobada en el proyecto de institucionalidad ambiental en trámite, deberíamos aprovechar para reforzar esto legislativamente.
Por otro lado, extrañamos otras medidas, como la elevación del umbral aplicado a la pequeña minería, que parece no estar aprobada aún. Sería una lástima perder la oportunidad de introducir ese cambio.
Ya ha pasado casi un año desde la aprobación de la nueva Ley de Royalty. ¿Qué efectos concretos ha visto hasta ahora en el sector?
Superado el tema de la tramitación, de las condiciones específicas, que van a impactar de manera distinta a distintas empresas, el sector se ha ido decantando más hacia valorar lo que ha sido el destino que los recursos recaudados por el Royalty puedan tener para financiar proyectos o planes a nivel regional y a nivel comunal. Ha habido ahí una valoración de lo que significa que los recursos generados por la minería dentro de una determinada región queden en parte en esa misma zona, porque se produce un reconocimiento también en la gente que es más patente, respecto a cuál es la importancia de la minería en la generación de recursos.
Pero eso plantea un desafío también, y es que esos recursos se usen de una manera conveniente en inversiones que den buenos resultados, y ojalá que permitan sostener en el largo plazo la misma actividad que van produciendo los recursos. O que sirvan para, de alguna manera, mejorar las condiciones en que se desarrollan actividades que son de las regiones, especialmente la pequeña minería.
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Jorge Riesco: “Interés hay. Seguir al frente del gremio es una motivación, no un reconocimiento”
