El IIMP advierte que cartera de proyectos por US$ 60 mil millones requiere destrabe estatal, estabilidad política y presencia permanente del Estado en territorios.
Lima, 1 de julio de 2026. El principal desafío para el próximo gobierno peruano será destrabar la cartera de proyectos mineros y generar condiciones que conviertan nuevas inversiones en obras operativas, advirtió Juan Carlos Ortiz, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
Ortiz sostuvo que el Estado debe asumir un rol más activo para agilizar procesos de permisos, brindar estabilidad a inversionistas y garantizar cumplimiento de compromisos con comunidades. El país dispone de proyectos mineros valorizados en más de US$ 60 mil millones, pero la demora en autorizaciones y la inestabilidad política han restado competitividad frente a otros destinos de inversión.
“Tenemos que ser mucho más eficientes en permisos, mantener una estabilidad política y esa tranquilidad para invertir en un activo que va a durar treinta o cincuenta años, hacerlo de la manera más limpia posible, aprovechando todas las oportunidades tecnológicas”, afirmó Ortiz durante una entrevista en Radio Nacional.
Eficiencia sin reducir estándares ambientales
El presidente del IIMP enfatizó que mejorar la competitividad no implica flexibilizar exigencias ambientales, sino optimizar la gestión pública. “La tarea es cómo hacer que esos proyectos se conviertan en obras en construcción. Mejorar la eficiencia en la evaluación de permisos sin bajar calidad. Otros países del mundo lo hacen en dos años, no en cuatro”, precisó.
Estado como articulador territorial permanente
Ortiz destacó que otro aspecto fundamental es fortalecer la presencia estatal en zonas donde se desarrollan operaciones mineras. El Gobierno debe asumir un rol permanente durante toda la vida útil de los proyectos para garantizar cumplimiento de compromisos comunitarios.
“Tiene que estar el Estado presente como un articulador que garantice compromiso de largo plazo. No es solucionar el problema instantáneo de conseguir el permiso social. El Estado tiene que estar 40 o 50 años, entonces debe estar siempre en esta conversación para darle tranquilidad a la población que los compromisos de las empresas mineras van a ser cumplidos y traducidos en mejoras”, enfatizó.
Comunicación sobre minería responsable
El líder gremial señaló que el sector tiene una tarea pendiente: fortalecer comunicación con la ciudadanía para explicar los beneficios de la minería moderna y diferenciarse de actividades ilegales.
“Tenemos que seguir difundiendo qué es minería moderna, qué es minería responsable y marcar claramente una línea con la minería ilegal e informal, que trae violencia y delincuencia”, concluyó Ortiz.
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