Juan Carlos Ortiz, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, advierte sobre expansión de actividades ilegales hacia cobre y demanda aprobación de nueva Ley MAPE.
El presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Juan Carlos Ortiz, exigió fortalecer la institucionalidad minera peruana para sostener el aporte económico de la minería formal y enfrentar con decisión el crecimiento de la minería ilegal en un escenario donde la actividad representa un pilar estratégico en la transición energética global.
Ortiz señaló que la minería formal continúa siendo uno de los principales motores económicos del país, con exportaciones que superaron los US$ 21 mil millones al cierre de abril y transferencias por más de S/ 4,100 millones a las regiones mediante canon, regalías y otros mecanismos de redistribución territorial.
Nueva Ley MAPE como herramienta estratégica
El titular del IIMP afirmó que la aprobación de una nueva Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) debe ser prioridad legislativa para el próximo Congreso, con el objetivo de diferenciar a productores que buscan incorporarse a la formalidad de quienes utilizan esos procesos para encubrir actividades ilegales.
“El Perú necesita una norma definitiva, técnicamente sólida y plenamente aplicable, que diferencie con claridad a quienes realmente buscan incorporarse a la formalidad de quienes utilizan los procesos de formalización para encubrir actividades ilegales”, mencionó Ortiz en una columna de opinión publicada en Semáforo Minero.
Ortiz sostuvo que la formalización debe contar con objetivos, plazos y resultados concretos, sin convertirse en un mecanismo permanente que prolongue la incertidumbre regulatoria. Enfatizó que el pequeño productor que desea operar dentro de la ley requiere reglas claras, acompañamiento técnico y oportunidades para integrarse formalmente a la economía.
Amenaza en cobre y financiamiento de economías criminales
El líder gremial advirtió que la expansión de la minería ilegal hacia el cobre representa una amenaza crítica para el desarrollo de nuevos proyectos, la competitividad minera peruana y una actividad estratégica para la descarbonización mundial.
Según Ortiz, la minería ilegal no solo genera impactos ambientales significativos y evasión tributaria, sino que también fortalece economías criminales, financia redes ilícitas y debilita la capacidad del Estado para ejercer autoridad territorial. Esta realidad afecta directamente la viabilidad de operaciones formales en zonas de influencia de actividades ilegales.
“El verdadero debate no es entre minería y desarrollo. El desafío consiste en decidir qué minería queremos promover”, aseveró Ortiz, planteando una visión integral sobre el rol de la actividad minera en la estrategia nacional de desarrollo.
Compromiso con minería sostenible e integrada territorialmente
Ortiz concluyó reafirmando el compromiso del IIMP con una minería moderna, competitiva, sostenible y plenamente integrada al desarrollo de las regiones, considerando que esa es la actividad que genera bienestar económico y contribuye estratégicamente al futuro del país en contextos de transición energética global.
Las declaraciones del presidente del IIMP llegan en un momento donde Perú enfrenta desafíos regulatorios y de seguridad en su principal actividad económica, con la necesidad de fortalecer mecanismos de formalización que permitan beneficiar a pequeños productores sin facilitar el encubrimiento de operaciones criminales.
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