La iniciativa fue respaldada por amplia mayoría y continuará su tramitación en el Senado. El proyecto contempla subsidios, regularización de deudas tarifarias y nuevas medidas para reforzar la seguridad y calidad del suministro.
La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por amplia mayoría el proyecto de ley “Ordenemos la Cuenta”, iniciativa con la que el Ejecutivo busca reducir la presión de las tarifas eléctricas sobre los hogares, regularizar obligaciones pendientes del sistema y fortalecer la seguridad y calidad del suministro.
Con el respaldo de la Cámara, el proyecto continuará ahora su tramitación legislativa en el Senado, donde se revisarán los tres ejes principales de la propuesta: rebaja y certeza tarifaria, normalización de cuentas pendientes del sistema eléctrico y fortalecimiento de la continuidad operacional del suministro.
Proyecto busca extender subsidios y contener nuevas alzas
El primer eje de la iniciativa apunta a generar rebajas y mayor certeza tarifaria para los clientes.
Entre las medidas consideradas se encuentra la extensión del subsidio eléctrico para hogares vulnerables y mecanismos específicos de protección para familias de las regiones de Los Ríos y Los Lagos, donde se proyectan incrementos tarifarios significativos.
El objetivo es amortiguar los efectos de los ajustes pendientes y entregar mayor previsibilidad a los consumidores residenciales frente a un sistema que acumula desfases regulatorios y deudas tarifarias.
Pago del VAD se distribuiría entre 2028 y 2035
Uno de los principales componentes del proyecto corresponde a la regularización de la deuda asociada al Valor Agregado de Distribución (VAD) del período 2020-2024.
Según los antecedentes presentados por el Ejecutivo, el proceso tarifario acumula 43 meses de atraso, generando obligaciones pendientes que la iniciativa busca normalizar mediante un mecanismo gradual.
La propuesta establece un esquema de pago entre 2028 y 2035, con el propósito de distribuir el impacto en el tiempo. El diseño considera que, a partir de 2028, el cargo asociado a la deuda con las empresas generadoras bajaría desde $22 por kWh a $9 por kWh.
Sobre esa base, el proyecto contempla incorporar un cargo acotado de $5 por kWh para regularizar obligaciones pendientes, lo que permitiría igualmente una disminución neta de $8 por kWh respecto del cargo anterior.
Transmisión acumula 28 meses de retraso tarifario
El proyecto también aborda el atraso en el recálculo de la tarifa de transmisión. El proceso acumula 28 meses de retraso, debido a que el nuevo decreto debía haber sido publicado en enero de 2024.
Para evitar la generación de nuevas diferencias tarifarias, la iniciativa propone extender la vigencia del decreto tarifario correspondiente al período 2020-2023 hasta el 31 de diciembre de 2028.
El objetivo del Ejecutivo es que, desde 2029, el sistema vuelva a operar con calendarios regulatorios definidos y evitar que nuevos retrasos acumulen obligaciones que posteriormente deban ser trasladadas al sistema.
Tercer eje apunta a seguridad y calidad del suministro
La tercera dimensión del proyecto busca reforzar la seguridad y calidad del servicio eléctrico. La propuesta contempla herramientas para impulsar inversiones en zonas consideradas críticas y ampliar las facultades de la autoridad frente a situaciones que puedan amenazar la continuidad del suministro.
El foco está puesto en anticipar déficits, reducir riesgos de interrupciones y entregar mayores capacidades de intervención frente a problemas estructurales de infraestructura o abastecimiento.
Este eje adquiere especial relevancia en un sistema que enfrenta simultáneamente mayor penetración renovable, expansión del almacenamiento, crecimiento de la demanda industrial y necesidades de modernización de redes de transmisión y distribución.
El Senado deberá revisar un proyecto que combina medidas de alivio tarifario con mecanismos para ordenar obligaciones pendientes y reforzar la infraestructura eléctrica.
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