Un análisis de PwC Canada advierte que el país necesita reducir incertidumbre y duplicidades regulatorias para competir por inversión en minerales críticos. Australia, en comparación, demora alrededor de 14 años en llevar un proyecto desde su primera etapa hasta la construcción.
Canadá demora cerca de 20 años en autorizar y construir una mina, un plazo que está poniendo presión sobre su capacidad para transformar recursos minerales en nueva producción y competir por capital en un mercado global cada vez más centrado en cobre, uranio, potasa y otros minerales críticos.
La cifra contrasta con Australia, donde el proceso toma alrededor de 14 años, de acuerdo con datos de S&P Global Market Intelligence citados en el informe Mine 2026 de PwC Canada.
La diferencia de seis años expone un problema que comienza a adquirir una dimensión estratégica: tener recursos minerales de calidad ya no garantiza por sí solo que una jurisdicción capture la inversión ni que sus proyectos lleguen oportunamente a producción.
La geología ya no asegura la inversión
Canadá posee una base geológica relevante y recursos en distintos minerales estratégicos. Sin embargo, PwC plantea que la competencia internacional comienza a definirse también por otros factores: permisos, acceso a capital, infraestructura y capacidad de procesamiento.
La líder nacional de minería de PwC Canada, Monica Banting, sostuvo que los proyectos deben avanzar por una combinación de evaluaciones federales y provinciales, exigencias de permisos, restricciones de infraestructura y procesos de relacionamiento con comunidades.
Según la ejecutiva, esta complejidad aumenta la incertidumbre sobre los plazos y costos de desarrollo, dificultando que los inversionistas comprometan capital.
El diagnóstico es relevante porque los proyectos mineros de gran escala requieren inversiones que pueden tardar años en generar retornos, por lo que cualquier ampliación significativa del calendario afecta directamente la evaluación financiera y el riesgo de una iniciativa.
Australia lleva proyectos a desarrollo seis años más rápido
La comparación con Australia resume parte del desafío.
Mientras Canadá necesita cerca de 20 años para avanzar desde las etapas iniciales hasta la autorización y construcción de una mina, Australia registra un período aproximado de 14 años.
La diferencia adquiere mayor importancia en minerales donde múltiples jurisdicciones compiten simultáneamente por capital.
Un proyecto que entra antes en operación puede comenzar a capturar ingresos, generar empleo y posicionarse dentro de una cadena de suministro varios años antes que otro depósito con características geológicas similares, pero sometido a un desarrollo más lento.
La velocidad, en ese contexto, deja de ser un problema exclusivamente administrativo y comienza a transformarse en una variable de competitividad minera.
Cinco proyectos suman más de $11.600 millones en inversión estimada
El análisis también reconoce los esfuerzos que Canadá está realizando para reforzar su posición. El país cuenta con una Estrategia de Minerales Críticos, fondos de inversión, gasto en infraestructura y alianzas internacionales orientadas a fortalecer las cadenas de suministro.
Además, cinco proyectos mineros han sido calificados como de importancia nacional mediante la Major Projects Office, con una inversión conjunta estimada superior a $11.600 millones.
Entre 2022 y 2024, la producción canadiense de nueve minerales críticos aumentó 10%, de acuerdo con cifras gubernamentales citadas en el análisis.
Sin embargo, PwC advierte que el siguiente desafío será convertir ese potencial en capacidad productiva y evitar que los proyectos queden atrapados durante largos períodos entre estudios, permisos y decisiones financieras.
PwC plantea reducir duplicidades entre niveles de gobierno
Uno de los principales focos de la discusión está en la coordinación regulatoria. Banting plantea que las reformas más efectivas deberían mejorar la predictibilidad de los procesos sin reducir los estándares ambientales ni sociales.
Entre las medidas mencionadas aparecen una mayor coordinación entre el gobierno federal y las provincias, reducción de duplicidades entre procesos de revisión, plazos claros para las decisiones y un único punto de contacto para los titulares de proyectos.
La propuesta apunta a un modelo donde la institucionalidad mantenga sus exigencias, pero reduzca la incertidumbre respecto de cuánto durará cada etapa del desarrollo.
El uso de herramientas digitales para permisos también aparece como una alternativa para aumentar transparencia, monitorear expedientes y automatizar procedimientos rutinarios.
Comunidades indígenas entran a la ecuación económica del desarrollo
El reporte también plantea que la aceleración de proyectos no puede limitarse al proceso administrativo. La participación de comunidades indígenas aparece como otro de los factores determinantes para el desarrollo de nuevos proyectos.
PwC plantea avanzar hacia relaciones de largo plazo que incluyan mecanismos de consulta, acuerdos de beneficios, contratación de proveedores, participación en ingresos y, cuando sea pertinente, participación accionaria.
La denominada licencia social sigue siendo una condición adicional a los permisos formales y puede influir directamente en la capacidad de un proyecto para avanzar hacia construcción y operación.
Procesar minerales también será parte de la competencia
El desafío no termina cuando comienza la extracción. PwC sostiene que los países que logren desarrollar capacidad de procesamiento podrán capturar una fracción mayor del valor generado entre la mina y el mercado final.
Esto es particularmente relevante para minerales críticos utilizados en vehículos eléctricos, energías renovables, defensa y manufactura avanzada, sectores donde los gobiernos buscan reducir dependencias y asegurar cadenas de suministro.
Así, la competencia internacional comienza a abarcar toda la cadena: exploración, permisos, financiamiento, infraestructura, extracción, procesamiento y manufactura.
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