Cuando Marcela Hernando asuma el próximo 11 de marzo como ministra de Minería, serán diversas las tareas y desafíos que deberá afrontar con miras al desarrollo sostenible de un sector que es clave para el país, en términos de inversiones y recursos para el Estado.
Tal es el caso de las iniciativas que actualmente se tramitan en el Congreso, y que impactarán en el quehacer de la industria minera, como el proyecto de ley que busca establecer en favor del Estado una compensación, denominada royalty minero, por la explotación de la minería del cobre y del litio.
A ello el proyecto de protección de glaciares, actualmente en el Senado, considerando que son diversas las faenas mineras ubicadas en zonas de alta montaña.
Otro tema pendiente es la definición de una política nacional en torno al litio, en medio de la polémica que ha generado la licitación que realizó el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, y la factibilidad de conformar una empresa estatal que se dedique a explotar dicho recurso.
Junto con ello, es necesario considerar el avance del anteproyecto de la Política Nacional Minera 2050, que busca configurar una mirada de largo plazo en torno a esta industria, desde un punto de vista social, ambiental, económico y también institucional.
Medio ambiente y gestión operacional
“Nuestro gremio está disponible para colaborar en los desafíos del sector, especialmente en tiempos donde la minería enfrenta un escenario internacional altamente competitivo y una coyuntura clave para su futuro y determinando para el aporte que pueda realizar al desarrollo de Chile”, afirmó el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández, cuando se conoció el nombramiento de Marcela Hernando como ministra de Minería.
Y es que la actividad minera afronta una serie de desafíos en materia medio ambiental, como es la gestión de sus pasivos; la escasez hídrica, que está impactando en los niveles de producción de operaciones como Los Bronces y Los Pelambres; la integración de las energías renovables y la movilidad sostenible, como mecanismos que permitan reducir sus emisiones.
Todo ello en un escenario de costos operacionales al alza, cuando se trata de yacimientos con leyes de mineral a la baja, y mayores exigencias en materia normativa y social.
