“Si son aprobadas las expropiaciones de empresas mineras, lo que espero no ocurrirá en el Pleno de la Convención, sin duda que se paralizarían las inversiones privadas. Incluso hoy, ante la sola duda sobre si esa propuesta finalmente puede prosperar, ya hay inversiones detenidas”, afirma a MINERÍA CHILENA, Sergio Hernández, director ejecutivo de Aprimin, ante la aprobación de la propuesta para nacionalizar la compañías mineras en la Comisión de Medio Ambiente.
En su opinión, solo se mejorará la recaudación para el Estado, asegurando que los privados, “y no el Estado, que no tiene estos gigantescos recursos”, sigan invirtiendo y recaudando impuestos.
Añade que, de materializarse una expropiación minera, esto afectaría el crecimiento del sector y del país.
“El encadenamiento productivo retrocedería, perjudicando lo que todos deseamos aumentar en Chile: la innovación, la especialización y la diversificación productiva”, puntualiza.
–Si constitucionalmente los minerales ya pertenecen al Estado de Chile. ¿Le parece correcto hablar de “nacionalización de la minería”?
En mi opinión, no existe diferencia entre “nacionalización” y “estatización”. Ambos términos son erróneamente usados por algunos convencionales, por las razones que la pregunta señala: que las minas pertenecen al Estado y, como sin minerales no hay mina, estos obviamente también. Por esta razón, entiendo que algunos convencionales lo que proponen es nacionalizar las “empresas” mineras, argumentando que los recursos minerales son de Chile. Esto evidentemente es un contrasentido, ya que se formaron con capitales privados; sus activos fijos no le corresponden al Estado de Chile.
Además, lo peligroso es que algunos sostengan que ‘nada se pagará’ por estas eventuales expropiaciones; que un eventual valor lo fijará el Contralor General de la República; o sea, un juez tasador de una de las partes. Si ello ocurre, seguro nos llegarán demandas internacionales de las empresas de muchos países que han invertido en la minería chilena, con daños colaterales en las relaciones diplomáticas, financieras y económicas para el país.
-¿Tiene la propuesta un carácter expropiatorio?
Absolutamente, es una expropiación. Agrego que hay un riesgo enorme si Chile se ve enfrentado a demandas internacionales para reclamar un valor distinto al que pueda fijarse unilateralmente. Esto ya ocurrió en la nacionalización de 1971.
Además, la gran mayoría de estas inversiones de muchos países está protegida por Tratados de Libre Comercio vigentes, tratados que la Reforma Constitucional, que le dio origen a la Convención Constitucional, establece como intocables.
-¿En qué sentido podría esta iniciativa modificar la industria minera tal como la conocemos? ¿Podrían cerrar operaciones mineras?
Si son aprobadas las expropiaciones de empresas mineras, lo que espero no ocurrirá en el Pleno de la Convención, sin duda que se paralizarían las inversiones mineras privadas. Incluso hoy, ante la sola duda sobre si esa propuesta finalmente puede prosperar, ya hay inversiones paralizadas.
Además, en otros sectores de la economía se advierte el riesgo de que pueda haber otras expropiaciones y/o que Chile ralentice su economía, a nivel de dejar de ser atractivo, por lo que caerían inversiones y empleos en obras públicas, energía, banca y en el prometedor hidrógeno verde, por mencionar algunos sectores, con graves efectos futuros en la recaudación tributaria, haciendo imposible cumplir con la justa Agenda Social.
-¿Cree que el Estado aumentaría su recaudación estatizando a la industria minera?
La eventual recaudación fiscal derivada de las expropiaciones dependerá de descontar de las inseguras utilidades para el Estado (la minería es un negocio riesgoso), el pago de las indemnizaciones a los actuales dueños de las mineras, cuyo valor seguramente fijarán tribunales internacionales (que enorme riesgo) y también descontar el monto que el Estado, como eventual posible dueño futuro de toda la minería, deberá invertir para continuar y aumentar la producción minera.
Por lo tanto, en mi opinión, solo se mejora la recaudación para el Estado, asegurando que privados -y no el Estado, que no tiene estos gigantescos recursos-, sigan invirtiendo, recaudando impuestos, y un royalty sobre utilidades algo mejor que los actuales ante escenarios de buenos precios.
-¿Qué cabida tendría la inversión de privados en la minería nacional con una norma de estas características?
La respuesta es simple: ninguna, porque con la actual propuesta aprobada en general por la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, toda la minería pasaría a manos del Estado.
-¿Qué sucedería con los encadenamientos productivos y proveedores mineros de aprobarse esta propuesta?
Al estar claro que el Estado no tiene la capacidad de inversión de los privados, especialmente extranjeros, sin duda que los proveedores mineros se verían afectados fuertemente en su desarrollo, incluso con riesgo de cierre, especialmente de los más pequeños.
El encadenamiento productivo retrocedería, perjudicando lo que todos deseamos aumentar en Chile: la innovación, la especialización y la diversificación productiva.
Un escenario distinto a 1971
-¿Qué diferencias tiene la actual propuesta constitucional con el proceso Nacionalizador de 1971?
Para analizar la nacionalización del cobre de 1971, es necesario situarse en el contexto histórico. Antes de los años 70, existía la gran minería chilena del cobre exclusivamente de capitales extranjeros. En esa época había en el comercio mundial condiciones muy desfavorables para los países exportadores de recursos naturales y muy favorables para los países industrializados.
Esta realidad justifico la decisión unánime parlamentaria de nacionalizar el cobre en 1971. Sin duda esta medida fue, en ese contexto, muy beneficiosa para el país, lo que posteriormente desembocó en la formación de Codelco. La nacionalización fue concebida en esos tiempos como la “Independencia económica de Chile”, aportando hasta ahora importantes ingresos para el país.
La realidad de hoy, en un Mundo Global es muy distinta; seguimos necesitando nuevas tecnologías y capitales extranjeros por miles de millones de dólares que Chile. Pero además, ahora existen normas de la OMC, auditorías internacionales que dan transparencia a los resultados de las compañías y a su base tributable, transacciones en Bolsas transparentes, Servicio de Impuestos Internos con mejor capacidad fiscalizadora y con convenios de apoyo recíproco con otros servicios en los países de destino.
Una nacionalización en estos tiempos sería un suicidio para el desarrollo humano del país, perjudicando la confianza en Chile para atraer inversiones en minería, hidrógeno verde, obras públicas, energías renovables y otros sectores.
Que hoy exista Codelco estatal, gran y mediana minería privada nacional y extranjera y pequeña minería nacional, es un modelo probadamente virtuoso; si uno de ellos se debilita afectaría a la trilogía completa; por tanto, al país y a la fortaleza geopolítica del norte de Chile.
-Si la nueva Constitución considera cambios al modelo minero en Chile. ¿En qué línea deberían ir?
Debe mantener la propiedad del Estado sobre las minas y su concesión judicial a terceros, con amparo por patentes mineras de montos crecientes ante la no explotación. Pero además, estimo importante que asegure que la minería se desarrolle con la previa participación de la comunidad local para los nuevos proyectos y con los más altos estándares ambientales, pero solo calificados por organismos estrictamente técnicos, sin intervención de organismo político alguno.
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“Un ataque a todo el mundo dependiente de la minería” La inquietud que plantea el director ejecutivo de Aprimin por la amenaza de que se apruebe la nacionalización de las compañías mineras, y el impacto que tendría en todo el ecosistema, también es compartido por los proveedores del sector. Así lo refleja el gerente general de la firma Tekfusion, Lautaro Manríquez, en una carta publicada en un medio nacional, donde advierte que una mala discusión en torno al tema “podría resultar sumamente perjudicial para todo el círculo que compone el principal eje económico del país, no solo para las grandes empresas”. Conversamos el ejecutivo para saber si estos temores ya se están haciendo sentir para las empresas del sector; en su respuesta hace una distinción importante. Reconoce que todo lo relacionado con los gastos operacionales de los clientes mineros se mantiene normal, sin cambios; pero en el caso de nuevas inversiones, ya se habla de postergación de proyectos mientras no se despeje esta incertidumbre, con toda la repercusión que esto implica en la cadena de valor. “Hay mucho escepticismo”, agrega. Manríquez concuerda en que la nacionalización derivaría en una disminución importante de la inversión, “lo que finalmente sería ampliamente dañino para cientos de empresas que, a su vez, tienen lazos con distintas PYME, las que serían desplazadas ante la falta de capital invertido en el país. Indudablemente, un círculo virtuoso que iría a la baja y que se resentiría fuertemente en caso de que esta decisión se lleve adelante”, puntualiza. Además, califica como aún más preocupante el foco erróneo de la discusión, en torno a cómo lograr una minería que deje más beneficios al país: “Si bien existe un consenso en avanzar medioambientalmente -donde múltiples empresas se esfuerzan para entregar soluciones en esta materia-, la aprobación en general entregada por dicha comisión (de Medio Ambiente) no es más que un ataque a todo el mundo dependiente de la minería, perjudicando no solo a grandes, si no que, con aún más fuerza, a medianos y pequeños”. |
