La suspendida jueza Ángela Vivanco será indagada por “tráfico de influencias y prevaricación judicial”
La Corte Suprema ha solicitado a la suspendida jueza Ángela Vivanco que entregue un informe detallado sobre las presuntas irregularidades en la tramitación del litigio entre Codelco y el Consorcio Belaz Movitec (CBM), conformado por la chilena Movitec y la bielorrusa Belaz, una empresa estatal. El tribunal ha otorgado un plazo de 20 días para que Vivanco aclare su relación con el caso, el cual ha generado controversia desde que Codelco rescindió el contrato en febrero de 2023 por supuestos incumplimientos.
El conflicto entre la estatal minera chilena y CBM surgió tras la finalización del contrato del proyecto Rajo Inca, destinado a extender la vida útil de la División El Salvador de Codelco. Codelco argumentó que el consorcio había incumplido reiteradamente las estipulaciones contractuales, lo que llevó a la ejecución de boletas de garantía por un valor superior a $11 mil millones. Sin embargo, en julio de 2023, la Tercera Sala de la Corte Suprema falló a favor del consorcio, ordenando la devolución de los fondos retenidos y la restitución de maquinaria pesada, incluyendo camiones mineros y excavadoras.
Este fallo ha sido objeto de escrutinio, especialmente debido al rol que jugó la jueza Vivanco, quien en ese momento presidía provisoriamente la Tercera Sala. Codelco, por su parte, ha manifestado su descontento con el veredicto, señalando que los incumplimientos del consorcio le generaron perjuicios valorados en más de $70 mil millones.
Reacciones y próximos pasos
En respuesta a este fallo, Codelco ha ejercido todos los recursos legales a su disposición para intentar revertir la decisión judicial. La estatal minera ha presentado su caso ante la Comisión de Ética de la Corte Suprema, argumentando que las irregularidades en la tramitación del caso afectaron de manera negativa a la corporación. Además, Codelco ha anunciado que seguirá colaborando con las autoridades judiciales y ha entregado antecedentes al Ministerio Público para que investigue si estos hechos podrían constituir delitos.
El resultado de este informe es crucial no solo para esclarecer las dudas sobre el manejo del caso, sino también para determinar el curso de futuras acciones legales que Codelco podría emprender en defensa de sus intereses. La complejidad del caso y las elevadas sumas en juego destacan la importancia de una resolución justa y transparente, dado el impacto que podría tener tanto para la estatal como para el consorcio involucrado.
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