En etapa de recibir indicaciones están las iniciativas referidas a justicia ambiental y de los órganos autónomos de control, en debate en la Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención Constitucional.
El informe sistematizado también contiene normas en materia de reforma y reemplazo de la Constitución, así como de acciones constitucionales.
En esta materia se aprobó, por ejemplo, la creación de la Defensoría de la Naturaleza. Como organismo autónomo técnico, tendrá como objetivo la difusión, prevención, promoción, defensa y protección de los derechos de la naturaleza. Además, de los animales y los derechos humanos ambientales garantizados en la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales en materia ambiental.
En el mismo sentido, existirá un Consejo Autónomo del Medio Ambiente que evaluará, fiscalizará y sancionará proyectos y/o actividades en materia ambiental.
- Derecho a asistencia a víctimas
La comisión respaldó que es deber del Estado dar asistencia a las personas que hayan sido víctimas de conductas constitutivas de violencia o delito. El Estado debe satisfacer las necesidades de protección, información, representación judicial y reparación y derecho a proceso con todas las garantías.
Además, crear la Defensoría de los pueblos, ente que tendrá como objetivo garantizar el acceso a la justicia de todas las personas que habitan el territorio, como también la defensa de los derechos humanos de todas las personas. Esto, con especial énfasis en los derechos de las infancias, pueblos indígenas, personas mayores, personas en situación de discapacidad y víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y el estallido social.
En relación al denominado ente emisor, se aprobaron cuatro iniciativas constituyentes y una iniciativa popular de norma (IPN). Todas consagran su calidad de órgano autónomo, con patrimonio propio y de carácter técnico.
La iniciativa popular añade que, el Banco Central podrá efectuar operaciones con instituciones financieras, públicas o privadas, pero no otorgar a ellas su garantía, ni adquirir documentos emitidos por el Estado, sus organismos o empresas. Asimismo, ningún gasto público o préstamo podrá financiarse con créditos directos o indirectos del Banco Central.
Sobre la Contraloría General de la República (CGR) se aprobaron cuatro iniciativas que coinciden en el carácter autónomo y que su función es ejercer el control de la legalidad de los actos de la administración. Además, fiscalizar el ingreso e inversión eficiente de los fondos del fisco; de las municipalidades y de todo tipo de corporación municipal.
Pero, se añade que deberá medir el avance en la implementación de los derechos sociales establecidos por la Constitución, publicando al menos una vez al año un informe con los indicadores de cumplimiento.
Asimismo, los integrantes de la comisión acordaron que existirán contralorías regionales, como órganos desconcentrados, encargados del control de constitucionalidad y legalidad, en primera instancia, de todos los actos administrativos emitidos por el Gobierno Regional.
La instancia aprobó tres propuestas que establecen su autonomía y que dirigirá de forma exclusiva la investigación de hechos que pudiesen ser constitutivos de delito.
Su composición será previo concurso público, por el Consejo Supremo de Justicia, ajustándose a las normas que la Constitución y la ley determinen. Existirán fiscales regionales, quienes además deberán promover los principios de interculturalidad, pluralismo jurídico Indígena y plurinacionalidad.
En relación al Servicio Nacional del Consumidor, la comisión plantea que este órgano deberá informar y educar sobre derechos y deberes del consumidor. Además, dar cumplimiento a las normas asegurando en todo momento la igualdad de trato a los distintos actores del procedimiento.
