En la última versión del Balance Ambiental de Fundación Terram, la organización presentó un análisis de los principales acontecimientos que ocurrieron en el ámbito minero durante 2024.
¿Qué pasó en el ambito minero en 2024? La Fundación Terram sacó su reciente Balance Ambiental, donde analizó cómo el término “permisología”, promovido por el sector empresarial, se ha posicionado como una crítica a las regulaciones ambientales percibidas como obstáculos para proyectos de inversión.
El informe aborda la implementación de la Estrategia Nacional del Litio y el acuerdo entre SQM y Codelco para la extracción de este mineral, entre otros temas, como el Royalty Minero.
Los primeros aportes económicos del Royalty
En enero de 2024 entró en vigencia la Ley de Royalty Minero (N.º 21.591), aprobada en 2023 tras cinco años de discusión legislativa. Este nuevo esquema permitirá recaudar cerca de US$ 1.350 millones anuales a partir del año 2025, de los cuales US$ 450 millones se destinarán al desarrollo regional.
Dado que los recursos del Royalty estarán disponibles a partir del 2025, el gobierno implementó como medida transitoria, los “Fondos Puente”, que adelantaron $93.000 millones de pesos a 307 comunas del país durante 2024.
Desde Fundación Terram señalan que “estos aportes representan un desafío para los gobiernos locales en materia de rendición de cuentas y eficiencia presupuestaria, develando riesgos de corrupción que se pueden expresar en espacios de cooptación y clientelismo sectorial”.
Iniciativa para la Transparencia de Industrias Extractivas (EITI)
En enero de 2024, la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) dio inicio al proceso de adhesión a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), sin embargo, desde Terram mencionan que el proceso ha sido cuestionado por parte de la sociedad civil y sus representantes debido a la falta de información sobre el contexto, la propuesta técnica y el plan de trabajo de la consultoría.
Además, se han señalado incumplimientos en los procesos formales de participación y transparencia que el propio estándar exige para la elaboración de los planes de trabajo nacionales. Se espera que Chile formalice su candidatura ante la secretaría internacional del EITI durante los primeros meses de 2025.
Telye Yurisch, investigador de Fundación Terram y coautor del documento sostiene que “Las expectativas desde sociedad civil es que el EITI se implemente de manera efectiva, participativa y respetando su debido proceso, presentando un plan de trabajo ambicioso, con altos estándares de transparencia sectorial, y para ello es relevante que se destine un financiamiento público adecuado para su implementación”
Actualización de la normativa de gestión de relaves
En materia ambiental, uno de los principales temas de la agenda minera fue la actualización del Reglamento que regula el diseño, construcción y operación de los proyectos de relaves (Decreto Supremo N° 248 de 2006), donde se incorporan nuevos estándares internacionales.
El informe recoge que desde la sociedad civil se han planteado inquietudes sobre la nueva propuesta, considerando que los procesos de cierre no se abordan de manera integrada con las otras etapas del depósito de relave, aún existe ausencia de normativas específicas que regulen la explotación y no se incorporan variables sociales de participación que aseguren una gestión integrada, la cual permita avanzar en políticas de seguridad y control ciudadano ante desastres, como también en la planificación de los nuevos usos del territorio luego de procesos de cierre.
Los desafíos de implementación de la Estrategia Nacional del Litio
En marzo se aprobó la creación de la Red de Salares Protegidos, que definió 27 depósitos salinos que quedarían bajo protección oficial, sin embargo, el criterio para esta selección no fue ecológico, ni tomó en cuenta la protección de la biodiversidad ni del ciclo hidrológico, por lo que presentó críticas de la academia y de la sociedad civil.
En tanto, en mayo se firmó el acuerdo entre SQM y Codelco, que estuvo marcado por el secretismo y la nula participación ciudadana, este acuerdo planteó alcanzar una producción de 300 mil toneladas de litio para el periodo 2031-2060, donde el estado tendría un control mayoritario y la administración de la sociedad, de todas formas, esta asociación ha sido cuestionada por parlamentarios en cuanto a su legalidad, como también por empresas del sector y por las comunidades atacameñas.
Frente a esta polémica Yurish sostiene que “Sin lugar a dudas, el acuerdo entre SQM y Codelco mantiene los vicios de implementación que ha presentado la ENL, siendo un proceso de negociación opaco y a espaldas de la ciudadanía y comunidades locales.
Asimismo, este plantea un aumento de la producción en un Salar que presenta un evidente desbalance y afectación hidrogeológica, producto de su sobre explotación. Ahora bien, lo más complejo de dicho acuerdo es que el Estado se está asociando con una empresa que ha presentado hechos de corrupción, sanciones por incumplimiento ambiental y controversias por el pago de impuestos”
En esta materia Fundación Terram publicó dos estudios de investigación: “Diagnóstico de la Corrupción en la Industria del Litio en Chile” y: “Análisis de Transparencia de la Información de la Industria del Litio en Chile” donde se identifican 6 riesgos de corrupción, además del proceso de captura política y del estado por parte de SQM, que influenció indebidamente en el diseño de leyes y muestra un evidente favoritismo en la explotación del litio en el Salar de Atacama.
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