La iniciativa establece, entre otros aspectos, la eliminación del Comité de Ministros, un mayor acceso a la participación ciudadana y la participación del CDE en casos de daño ambiental.
La Comisión de Medio Ambiente del Senado aprobó este martes el proyecto que reforma la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (19.300), denominado Evaluación Ambiental 2.0.
La iniciativa tiene como objetivo fortalecer la institucionalidad ambiental y hacer más eficiente el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
El proyecto de Evaluación Ambiental 2.0 establece, por ejemplo, la eliminación del Comité de Ministros como instancia de revisión de reclamaciones. Asimismo, tras la eliminación de esta instancia, tanto comunidades o titulares de proyectos de inversión podrán optar por recurrir de manera inmediata a los tribunales ambientales, reduciendo los plazos en la fase de impugnación.
En esa misma línea, se fortalecerá la rectoría técnica del SEA, entregando facultades para precisar los pronunciamientos de los Organismos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental (OAECAs) a las materias que son de su exclusiva competencia.
Además, se establece un procedimiento de urgencia que permite reducir hasta la mitad los plazos de evaluación en caso de necesidades públicas urgentes, manteniendo el estándar técnico requerido para su calificación.
“Estamos avanzando con un proyecto que equilibra el cuidado del medioambiente y el desarrollo sostenible, mejorando, entre otros aspectos, el funcionamiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”, sostuvo la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas.
Más participación
La iniciativa presentada por el Ejecutivo facilitará el acceso a la participación ciudadana en la evaluación ambiental de los proyectos de inversión, eliminando restricciones que actualmente existen para los proyectos que ingresan a través de una o Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Para ello, solo se necesitará que cualquier comunidad involucrada lo solicite.
También, el proyecto –denominado Evaluación Ambiental 2.0- moderniza la acción de reparación del daño ambiental. En esa línea, se reconoce el rol que el Estado debe tener en la reparación del medioambiente, para lo cual se regula la legitimación activa a todo evento del Consejo de Defensa del Estado en casos de daño ambiental, habilitando al Estado a demandar la reparación del ecosistema afectado.
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