Una nueva normativa rige el funcionamiento de la Comisión Nacional de Productividad (CNP). Se trata del decreto número 1.510 de agosto de 2021, que reemplaza al anterior de diciembre de 2014, y que contempla importantes modificaciones en su quehacer. En particular, las nuevas funciones –adicionales a la actuales– de la CNP se enfocarán en dos áreas: mejora regulatoria y evaluación de políticas públicas.
De esta manera, la CNP desarrollará acciones destinadas a mejorar la calidad de las regulaciones vigentes y también aquellas en estudio. Esta asesoría se focalizará en dos ámbitos: por un lado, en la aplicación de las metodologías utilizadas para medir el impacto de nuevas regulaciones; por el otro, en llevar adelante procesos de revisión de aquellas ya existentes, a fin de evaluar su coherencia.
Por otra parte, la CNP cumplirá un rol consejero en el proceso de evaluación de políticas públicas a través de dos vías. Específicamente, asesorará a la Subsecretaría de Evaluación Social y la Dirección de Presupuestos (DIPRES), en la tarea que actualmente realizan ambas entidades, relativa a la evaluación de políticas y programas públicos. Dentro de este rol, la CNP realizará estudios y propuestas para potenciar y fortalecer dichas funciones, como también las metodologías utilizadas, los mecanismos de monitoreo y la evaluación ex ante y de sus respectivos resultados.
Además, la CNP deberá proponer anualmente un listado de programas, instituciones y políticas públicas para realizar evaluaciones ex post. Esto, en el marco de una agenda de trabajo de mediano plazo que esta nueva Comisión elaborará, la que contendrá una hoja de ruta de programas e instituciones públicas propuestas a evaluar.
Comisión Nacional Asesora de Evaluación y Productividad
La nueva normativa además incluye cambio de nombre, por lo que pasa a denominarse Comisión Nacional Asesora de Evaluación y Productividad. Asimismo, traspasa la dependencia desde el ministerio de Economía a Hacienda.
Por otro lado, se modifica el número de integrantes del consejo, pasando de 8 a 5. Sus integrantes, seguirán siendo designados por el Presidente de la República, y deberán contar con destacada experiencia en la formulación y/o evaluación de políticas públicas o administración de empresas públicas o privadas. Además, en sus sesiones participarán con derecho a voz, representantes del ministerio de Desarrollo Social, Economía y Hacienda.
Coordinación de la acción de la Comisión y de sus recomendaciones
Otro de los cambios que considera el actual decreto es que la Comisión Nacional Asesora de Evaluación y Productividad, al menos una vez al año, deberá reunirse con el Comité de Ministros del Área Económica para informar sobre el estado de avance de las políticas y programas analizados y las propuestas que desee presentar al Presidente de la República, para el adecuado cumplimiento de la política de productividad del país.
Asimismo, al menos una vez al año, la Comisión deberá reunirse con el Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia para informar respecto de sus recomendaciones de los distintos procesos del sistema de evaluación del Estado, sus metodologías y la coordinación de sus procesos evaluativos.
Informe anual
Por otra parte, la Comisión deberá informar al Presidente de la República del cumplimiento y avance de las tareas, a más tardar el día 31 de diciembre de cada año. Dicho informe incluirá un resumen de las recomendaciones efectuadas y las acciones que los órganos de la Administración del Estado hayan implementado conforme a ellas. Además, la Comisión informará al Presidente de la República (a más tardar en septiembre de cada año) sobre la situación general del sistema de evaluación del Estado, detallando sus principales hallazgos y recomendaciones en esta materia.
Finalmente, cabe recordar que una de las recomendaciones estructurales realizada por la CNP en su informe “Revisión Regulatoria de Sectores Estratégicos” (2019) fue cambiar la forma en que se definen, diseñan y evalúan las normas, lo que consideraba un proceso permanente de revisión de la regulación vigente, junto con la creación una entidad enfocada en la calidad de las políticas públicas, con mandato de constante monitoreo y apoyo en el proceso de diseño e implementación de la nueva regulación.
