Desde la comunidad atacameña indican que existe una incompatibilidad entre la implementación que está realizando el Gobierno de la Ley de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), y la Ley Indígena.
A medida que se avanza al último año de Gobierno del Presidente Gabriel Boric, el Ministerio del Medio Ambiente ha intensificado las acciones para definir las áreas protegidas de la RSP del Salar de Atacama, que involucra, fundamentalmente, la creación de una red de salares protegidos, seis de los cuales se encuentran en territorio ancestral de la Comunidad Atacameña de Socaire.
Si bien la ministra Maisa Rojas ha destacado la importancia y necesidad de “recoger la voz, las experiencias, los saberes de los pueblos indígenas que ancestralmente han estado conviviendo en medio de territorios y áreas de conservación de la biodiversidad, para revisar la forma de vincularlos en la gestión de estas áreas protegidas”, desde la Comunidad Atacameña de Socaire (CAS) indican que el diálogo no ha fluido como esperaban puesto que, “no se observa de parte de las autoridades la voluntad política para resguardar nuestros derechos patrimoniales y ancestrales reconocidos en la ley”.
La comunidad indica que existe una incompatibilidad entre la forma en que se está implementando la RSP al alero de la Ley del SBAP y la Ley Indígena, en cuanto esta última establece el deber del Estado de sanear o restituir los títulos de las tierras indígenas, en especial las atacameñas, mientras que con la implementación de la RSP el Ministerio del Medio Ambiente ha definido dichas áreas como bienes del fisco, siendo territorios ancestrales de comunidades indígenas en proceso de saneamiento.
“El Gobierno no ha tenido la voluntad de sanear esos títulos”
Ante tal situación, la presidenta de CAS, Sandra Cruz, explicó que “el territorio demandado ancestralmente por nuestra comunidad ha tenido diversos reconocimientos por el Estado, al menos en el año 90, en especial en el ´98, lo que además fue actualizado el año pasado, por lo que ahora corresponde el saneamiento y restitución de los territorios y que, posteriormente, sean declaradas áreas protegidas, cumpliéndose tanto con la obligación legal como con el objetivo de protección ambiental. Sin embargo, el Gobierno no ha tenido la voluntad de sanear esos títulos, sino que solo nos ha autorizado el uso de tierras mediante concesiones temporales y, ahora, con la implementación de la RSP se nos exige, además, que renunciemos a nuestros derechos territoriales ancestrales”.
Los territorios en cuestión corresponden al salar de Capur, salar de Aguas Calientes 3, salar de Talar, laguna Tuyajto, salar El Laco, y una zona del Salar de Atacama dentro del territorio comunitario, todos los cuales corresponden a sitios significativos para la comunidad de Socaire.
“Como comunidad valoramos el concepto de la protección y hemos manifestado a las autoridades de medioambiente nuestra disposición a colaborar, pero necesitamos el compromiso del Gobierno para que se avance de forma efectiva y expedita con el saneamiento de títulos en territorio ancestral de la Comunidad, particularmente en zonas relevantes como, por ejemplo, los sectores aledaños a Aguas Calientes 3 y el Salar El Laco, que tienen un importante uso turístico y de actividades tradicionales para la comunidad, pero solo hemos recibido negativas. Por eso sostenemos que ha faltado voluntad política para resguardar nuestros derechos territoriales ancestrales”, recalcó Cruz.
Asimismo, señaló que internamente están trabajando en una propuesta de criterios y lineamientos para atender la solicitud de cooperación frente al proceso de elaboración de los Informes Técnicos Justificatorios que llevará adelante el MMA para definir las áreas protegidas y que esperan ser recibidos por la autoridad para dialogar y acordar compromisos.
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