Desde MINERÍA CHILENA conversamos con el abogado de profesión, quien cuenta con más de una década de trayectoria en el Consejo Minero, donde ocupa el puesto de gerente general.
Entre los temas abordados por Carlos Urenda, destaca la confianza de los inversionistas frente a anuncios realizados por la gran minería; las barreras que hay en los procesos de aprobación en proyectos; la relevancia de la certeza jurídica y la estabilidad regulatoria; la significancia del precio de los minerales como uno de los factores en las decisiones de inversión, entre otros.
¿Cuál es la perspectiva del Consejo Minero sobre el nivel actual de inversión en la industria minera chilena, y cuáles son las principales áreas donde se requiere un mayor impulso?
Los distintos anuncios realizados por la gran minería durante el segundo semestre, y explicados principalmente por el sector privado, demuestran la confianza de los inversionistas en la estabilidad actual del país. Hay que recordar que la inversión en la gran minería representa cerca de un 18% de la inversión total del país, y un 43% del flujo de inversión extranjera directa.
De los grandes proyectos mineros sólo de las empresas del Consejo Minero, hay una cartera en ejecución que se extiende hasta 2030 por US$34.210 millones. Y a esto se suma una cartera potencial de proyectos que están en etapa de evaluación por más de US$60.483 millones a 2035. En diciembre, vimos también el anuncio de BHP de invertir cerca de US$ 13.700 millones en sus operaciones en Chile, con un fuerte foco en Minera Escondida.
Ahora, si bien esta cartera de inversiones es atractiva, la demora en los procesos de aprobación es una barrera significativa para que los proyectos se materialicen y avancen a la velocidad necesaria.
¿Qué impacto tiene la regulación, la seguridad jurídica o gubernamental y los costos operativos en las decisiones de inversión minera en Chile?
La certeza jurídica es primordial a la hora de tomar decisiones de inversión. Cualquier sector económico requiere de estabilidad regulatoria y certeza jurídica para prosperar. Más aún la minería, cuyas inversiones implican altos montos de inversión y largos plazos de retorno.
Dos temas que fueron despejados, y que han permitido que exista una mayor decisión a invertir en el país fue, por una parte, la eliminación de la incerteza sobre el desarrollo económico, a partir de ciertas propuestas constitucionales que no contribuían a facilitar la toma de decisiones en materia económica en general, y en la minería en particular. Y el otro, fue la aprobación de la ley de royalty, que logró despejar ciertas inquietudes, a pesar de dejar un poco menos competitivo a nuestro país frente a otras jurisdicciones. Ambas incertidumbres despejadas han contribuido a que exista un impulso en las inversiones.
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