Dinamita de ferias clandestinas llega a regiones mineras importantes de los países andinos.
En los altos Andes, a 4.364 metros sobre el nivel del mar, el río Suches divide las fronteras de Perú y Bolivia. Este lugar es el epicentro de una red de contrabando de explosivos, según la investigación realizada por el portal Connectas, que alimenta la minería ilegal e informal en ambas naciones. Cada viernes, el área conocida como “Las Perlas” cobra vida con una feria clandestina que mezcla productos de consumo diario con artefactos explosivos. Aunque los controles incrementaron en los últimos años, el tráfico continúa bajo nuevas modalidades y en puntos estratégicos de la frontera.
La Rinconada, en Puno, Perú, es uno de los destinos principales de este contrabando. A simple vista, pequeñas tiendas de abarrotes ocultan un comercio abierto de dinamita. A pesar de la magnitud del problema, las incautaciones en esta zona son escasas. Desde 2019, la Aduana peruana solo reportó dos intervenciones relacionadas con explosivos ilegales.
Perú se encuentra entre los principales productores de explosivos en la región. En 2023, el país exportó 95 millones de dólares en estos insumos, con Bolivia como su segundo destino más importante. Sin embargo, una porción significativa de estos productos regresa a Perú a través del contrabando. El jefe de la Unidad de Material Bélico del Ministerio de Defensa de Bolivia, Luis Patón Paredes, reconoció que el desvío de materiales escapa del control estatal.
Entre las empresas peruanas que lideran el mercado de manera legal, Famesa Explosivos S.A.C. destaca por sus exportaciones a Bolivia, alcanzando 33 millones de dólares entre 2019 y 2023. Sin embargo, su nombre también aparece en incautaciones de explosivos destinados a la minería ilegal en ambos países debido a la venta del contrabando. En Bolivia, la empresa mixta Maxam Fanexa complementa la oferta local, aunque parte de su producción también termina en el mercado negro.
Redes de tráfico y zonas críticas
El contrabando de explosivos no solo afecta la frontera. Una vez ingresan a Perú, los artefactos se distribuyen hacia regiones mineras clave como Cusco, Arequipa, Lima y La Libertad. En estos lugares, la minería informal e ilegal utiliza explosivos para fracturar rocas y extraer minerales, principalmente oro.
En ferias como la de “Las Perlas”, comerciantes locales y transnacionales mueven dinamita bajo un esquema que combina legalidad e ilegalidad. Según lo recogido por el portal que realizó la investigación Renato, un vendedor en el lado boliviano, explica que años atrás el comercio era abierto, pero actualmente requiere discreción. “El trato ahora es previo y por confianza”, comentó. Otros como “Calancho” operan en Puno, asegurando un flujo constante de explosivos hacia las minas ilegales peruanas.
El control del contrabando en la frontera de Puno fue limitado. Según la Sunat, esta región concentra el 38.7% del contrabando en el país. Sin embargo, la incautación de explosivos es mínima. Entre 2019 y 2023, solo se registraron decomisos aislados, como el de 400 detonadores y más de una tonelada de mecha encontrados en un camión en agosto de 2024. La falta de infraestructura y recursos dificulta las operaciones de las autoridades.
A nivel del Perú, la minería informal e ilegal encuentra diversas maneras de abastecerse. En Secocha, Arequipa, comerciantes clandestinos venden explosivos sin documentos. Un minero de la zona, afirmó que los proveedores justifican sus compras legales ante las autoridades para luego desviarlas al mercado negro.
“Pide cantidades al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y justifica documentalmente que tiene una labor”, explicó.
Limitaciones en los controles y la legalidad
Solo los mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minero (REINFO) pueden adquirir explosivos legalmente. Sin embargo, menos del 10% de los mineros registrados en Arequipa solicita estos insumos de manera formal. El resto recurre al contrabando o a redes ilegales que operan desde los gobiernos regionales hasta las fábricas de explosivos.
Mientras que el titular de la Gerencia Regional de Energía y Minas en Arequipa, Iván Prado, negó que exista acaparamiento en la adquisición de explosivos. No obstante, múltiples casos revelan solicitudes excesivas para derechos mineros, lo que apunta a desvíos sistemáticos. Por su parte, la Sucamec confirmó que el transporte de explosivos también presenta vulnerabilidades, ya que los vehículos autorizados no garantizan el cumplimiento de rutas ni entregas.
Expertos y autoridades advierten que el contrabando de explosivos no solo pone en riesgo a la minería formal, sino también la seguridad de las comunidades afectadas. Al mismo tiempo, el tráfico de estos materiales sigue siendo un eslabón clave en la cadena de la minería ilegal, una industria que mueve miles de millones de dólares al año. Este comercio, impulsado por redes transnacionales y aprovechando vacíos legales, plantea desafíos constantes para las autoridades de ambos países.
Fuente: Infobae
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