Cristopher Toledo, economista e investigador de hidrógeno de Terram indicó que antes de aprobar megaproyectos como el de amoníaco verde en Magallanes, primero hay que abordar desafíos significativos.
“La escala de los proyectos que se están planteando para la industria del hidrógeno verde y sus derivados no tiene precedentes”. Así lo sostuvo Cristopher Toledo, economista e investigador de hidrógeno de Fundación Terram, quien conversó con Reporte Minero y Energético sobre el impacto y los desafíos a resolver antes de aprobar iniciativas como el megaproyecto industrial de amoníaco verde.
El ingeniero comercial de la fundación, sostuvo que existen tres principales conflictos que plantea este megaproyecto, perteneciente al Grupo AustriaEnergy y que se ubicará en Magallanes: Pérdida de hábitat y especies; contaminación de aguas marinas; e impacto en el medio humano.
“La construcción del proyecto implica la pérdida de formaciones vegetales y la perturbación de la fauna que allí habita. Se destaca la pérdida de individuos de avifauna de interés, debido especialmente a colisiones con los aerogeneradores (parque eólico con 194 turbinas) e infraestructura del proyecto, y la modificación de los sitios de nidificación”, explicó Toledo.
Por otra parte, también mencionó que “la planta desaladora del proyecto generará salmuera que será descargada al mar, afectando potencialmente la biodiversidad marina. Además, se generarán aguas residuales industriales que también impactarán el ecosistema acuático”.
Por último, mencionó que el proyecto va a generar un “exceso de demanda de trabajo deberá ser cubierta por personas de fuera del territorio, lo que podría traer distintos impactos”. Algunos ejemplos entregados por Todelo fueron, “cambios en la infraestructura vial, afectación de los desplazamientos de las comunidades locales y presiones sobre el acceso a servicios esenciales como salud, vivienda y educación, entre otros”.
“Se quiere sacrificar nuestros territorios para abastecer exclusivamente a mercados externos”
Terram fue una de las 33 organizaciones que expresaron su rechazo a este megaproyecto, que cuenta con una inversión de US$11.000 millones. Frente a esto, Todelo explicó que la principal crítica “tiene que ver con la escala de los proyectos que se quieren desarrollar y su orientación hacia la exportación”.
“Proyectos como el de producción de amoníaco en Magallanes ilustran la escala desproporcionada que se quiere implementar, lo cual traerá impactos ambientales y sociales acordes a su envergadura”, sostuvo.
Por lo tanto, Todelo menciona que “la orientación hacia la exportación demuestra que se quiere sacrificar nuestros territorios para abastecer exclusivamente a mercados externos y así contribuir a descarbonizar las economías de países desarrollados, quienes son los principales responsables de la actual crisis climática”.
Abordar desafíos significativos
Es por esto, que el investigador de hidrógeno de Fundación Terram sostiene que “antes de aprobar este tipo de megaproyectos es necesario abordar desafíos significativos”, como:
- Un marco normativo sólido: es fundamental establecer regulaciones claras para todos los aspectos de la cadena de valor de la producción de hidrógeno, incluyendo la electrólisis, construcción de desaladoras, almacenamiento, transporte, entre otros.
- Gestión adecuada de los impactos socioambientales: considerando la escala de los proyectos, se deben implementar medidas para mitigar los efectos negativos sobre las comunidades locales y el medio ambiente, asegurando que los beneficios económicos también lleguen a las áreas afectadas por estos.
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