Por su parte, Organizaciones de la sociedad civil buscan impugnar el fallo ante la Corte Suprema; mientras que Sonami sostiene que quedó en claro que “el proyecto Dominga es perfectamente factible”.
Ayer, el Tribunal Ambiental de Antofagasta acogió la reclamación de Andes Iron SpA, empresa promotora del proyecto Dominga, contra la resolución del Comité de Ministros que calificó desfavorablemente la iniciativa el 29 de junio de 2023.
Frente a este nuevo anunció del caso Dominga, diferentes instituciones del sector se manifestaron. Por su parte, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, valoró la decisión del Tribunal Ambiental: “En esta decisión del mencionado tribunal queda bastante claro que el proyecto Dominga es perfectamente factible en todos sus aspectos medioambientales”, sostuvo el directivo.
El directivo agregó que “llama la atención el número y profundidad de los defectos que el fallo reconoce en la decisión impugnada. Estamos revisando en profundidad la sentencia, pero notamos desde ya que hay aspectos muy graves, que nos llaman a reflexionar sobre la mala utilización que se está haciendo de una legislación que, si bien hemos coincidido en que debe ser revisada, podría aplicarse correctamente y en un sentido diverso al que motivó esta sentencia”.
“Hacemos un llamado a las autoridades a cumplir prontamente lo resuelto. Junto con establecer un plazo de 15 días para volver a pronunciarse, esta sentencia da la opción al Comité de Ministros de ajustarse a los antecedentes y ratificar el permiso al proyecto Dominga”, afirmó Riesco.
El presidente del gremio minero afirmó que este proyecto ha sido respaldado en todas las instancias técnicas. “Dominga es un proyecto que sistemáticamente ha sido validado por todas las instancias técnicas, es respaldado mayoritariamente por la comunidad y se inserta en un territorio de vasta tradición minera”, sostuvo.
El presidente de Sonami afirmó que “no hay razones para seguir con una judicialización que ya se ha extendido mucho, al punto que una nueva revisión parece innecesaria”. ”Ahora, el Comité de Ministros tiene la obligación de cumplir la institucionalidad ambiental, expresada a través de este fallo categórico, dando, además, una importante señal de confianza a los inversionistas y de que la inversión es bienvenida en nuestro país”.
Organizaciones de la sociedad civil buscan impugnar el fallo ante la Corte Suprema
Desde la otra vereda Alianza Humboldt, agrupación que reúne a organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional, junto a las comunidades locales, anunció que impugnarán el fallo ante la Corte Suprema.
“Nos parece que esta sentencia contiene claras ilegalidades, el Tribunal ha excedido sus facultades de manera notoria. No aprueban directamente el proyecto, pero hacen una orden detallada para forzar la voluntad del Comité de Ministros, lo que en la práctica es lo mismo y una evidente vulneración de la ley”, aseveró Ezio Costa, director ejecutivo de FIMA.
Asimismo, el abogado que representa a la organización de conservación marina Oceana en el litigio, sostuvo que “el tribunal ambiental olvida su rol que es el de revisar si las decisiones que ha tomado el Comité de Ministros están dentro de la legalidad o no y, en su lugar, pretende que la forma en que el propio tribunal analiza los antecedentes técnicos es la forma correcta, eso es inadecuado y es un incumplimiento directo de la ley 20.600 que crea los tribunales ambientales, esperamos que la Corte Suprema conozca y finalmente anule”.
La directora ejecutiva de Oceana en Chile, Liesbeth van der Meer, afirmó que “el tribunal cuestiona la probidad de los ministros y ministras que rechazaron el proyecto, una afirmación osada y que está fuera de sus atribuciones”. “Si entramos en el terreno de la probidad, hubiera sido bueno que el tribunal se pronunciara entonces sobre los múltiples casos en los que el proyecto Dominga se ha visto envuelto precisamente por conflictos de interés y corrupción”.
Por último, Alejandra Donoso, directora de Defensoría Ambiental, parte de Alianza Humboldt, aseguró que “nos preocupa la decisión del tribunal ambiental, creemos que se equivoca en varios de sus argumentos, y, en consecuencia, deja en desprotección al ecosistema del archipiélago de Humboldt y a las actividades económicas sustentables que las comunidades que allí habitan realizan desde tiempos inmemoriales”. “Vamos a presentar las acciones correspondientes ante la Corte Suprema para solicitarle que revise la decisión del tribunal ambiental de Antofagasta, que lamentablemente no se ajusta a derecho”, agregó la abogada representante de las comunidades locales que se oponen al proyecto minero portuario de Andes Iron.
Si vas a utilizar contenido de nuestro diario (textos o simplemente datos) en algún medio de comunicación, blog o Redes Sociales, indica la fuente, de lo contrario estarás incurriendo en un delito sancionado la Ley Nº 17.336, sobre Propiedad Intelectual. Lo anterior no rige para las fotografías y videos, pues queda totalmente PROHIBIDA su reproducción para fines informativos.
COMENTA AQUÍ
