El Tribunal Constitucional resolvió que el Primer Tribunal Ambiental actuó dentro de sus atribuciones al ordenar una nueva votación sobre el polémico proyecto minero-portuario Dominga.
El Tribunal Constitucional (TC) rechazó este miércoles 11 de junio el requerimiento de contienda de competencias presentado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) contra el Primer Tribunal Ambiental, en el marco del extenso conflicto judicial por el proyecto minero-portuario Dominga.
Con esta decisión, el Comité de Ministros deberá votar nuevamente el futuro de la iniciativa impulsada por Andes Iron, ligada al empresario Carlos Alberto Délano, en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo.
El SEA había acusado al tribunal ambiental de exceder sus atribuciones al acoger el reclamo de Andes Iron y ordenar una cuarta votación del Comité de Ministros, luego de anular su rechazo al proyecto por haber incorporado nuevas causales no previstas en el fallo anterior. Sin embargo, el TC desestimó estos argumentos y reafirmó que no hubo una invasión de competencias, sino un ejercicio legítimo del control de legalidad que le corresponde al tribunal.
“La controversia dice relación con cuestiones de legalidad interna del proceso judicial”, señala el fallo, que fue aprobado por cuatro votos contra uno. Los ministros María Pía Silva, Raúl Mera y Marcela Peredo respaldaron la decisión, mientras que la ministra Nancy Yáñez votó a favor de acoger el requerimiento del SEA.
Una historia sin final
El caso Dominga ha sido uno de los más controvertidos del país en la última década, por su eventual impacto ambiental en una de las zonas de mayor biodiversidad marina, en las cercanías de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. Mientras la empresa argumenta beneficios económicos y desarrollo para la región, organizaciones sociales y científicas advierten sobre consecuencias irreversibles para el ecosistema costero.
La decisión del TC no representa una aprobación al proyecto, sino que ordena continuar con su tramitación conforme a lo dictado por el Primer Tribunal Ambiental en diciembre de 2024. Ese fallo había anulado parcialmente la segunda resolución del Comité de Ministros, por incluir argumentos nuevos que no formaban parte del proceso judicial anterior.
Aunque se destraba la vía administrativa para Dominga, el proyecto sigue enfrentando recursos pendientes ante la Corte Suprema, lo que mantiene su destino aún incierto. Por ahora, se abre un nuevo capítulo en un litigio que ha sido símbolo del choque entre desarrollo económico y protección ambiental en Chile.
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