El presidente de Sonami, Jorge Riesco, calificó de “incongruencia” la decisión del SEA e indicó que el recurso “va a generar una demora adicional a uno de los proyectos de inversión”.
El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Jorge Riesco, lamentó la decisión del Servicio de Evaluación Ambiental de presentar recursos de casación ante la Corte Suprema para impugnar el fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta, que anuló el rechazo del Comité de Ministros del proyecto Dominga. El SEA además solicitó la suspensión de los efectos de la sentencia mientras el recurso es resuelto en el máximo tribunal de justicia.
Riesco señaló que “hoy estamos viendo inconsistencias respecto a que la misma entidad que tiene que conducir el proceso para evaluar el proyecto está interponiendo recursos para evitar que se cumpla una sentencia del Tribunal Ambiental”.
El presidente de Sonami explicó que “esta incongruencia llama más la atención si consideramos que el Gobierno ingresó al Congreso un proyecto de reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para eliminar las instancias políticas de decisión sobre proyectos con impacto ambiental, como el Comité de Ministros, y otorgar al SEA el carácter de ente técnico”.
En ese sentido, Riesco puntualizó que “el Servicio de Evaluación Ambiental, teniendo formalmente el derecho, no tenía ninguna obligación de recurrir a los tribunales para revertir la sentencia, considerando que existen otros intervinientes que tenían la misma facultad. Por el contrario, tenía la posibilidad de orientar la corrección del procedimiento y de la decisión anulada por la sentencia”.
El representante de la industria minera concluyó que “la determinación del Servicio de Evaluación Ambiental va a generar una demora adicional a uno de los proyectos de inversión que, paradójicamente, esta incluido en el Catastro de Inversiones Mineras que realiza Cochilco para los próximos 10 años, que contempla más de 83 mil millones de dólares, y que ha sido tan celebrado por las autoridades”.
Cabe señalar que el 9 de diciembre el Primer Tribunal Ambiental acogió la reclamación presentada por la empresa Andes Iron, dejando sin efecto la decisión del Comité de Ministros de rechazar el proyecto minero Dominga.
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