La economista María Cristina Betancour, con amplia trayectoria en el sector minero, analizó el estado actual de la discusión en particular de las reformas al Sistema de Evaluación Ambiental y tramitación de Permisos Sectoriales. “Mi sensación es que se requiere mejor gestión y menos leyes”, enfatizó la experta.
La Cámara de Diputadas y Diputados continúa siendo el escenario de discusión de dos proyectos, cuyo objetivo es reducir los tiempos de trámite para prospectos de inversión. La idea de ambos es mejorar el atractivo de Chile como destino de inversiones, sobre todo, en el ámbito minero, donde nuestro país lidera la producción cuprífera.
El proyecto de ley “Sistema Inteligente de Permisos” ha conseguido avanzar con cierta celeridad. El ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, consiguió que se diera plazo hasta el próximo lunes 6 de mayo para recibir indicaciones al artículo primero, que contiene la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (el artículo segundo y siguientes contienen la modificación de 37 cuerpos normativos).
Por su parte, el proyecto “Evaluación Ambiental 2.0” recibió invitados en una doble jornada en donde se destacaron aspectos positivos del proyecto y también se levantaron inquietudes.
Algunas de estos cuestionamientos levantados por expertos tienen que ver con la principal promesa de ambos proyectos, que es la efectiva reducción de tiempos de tramitación.
En entrevista con Revista NME, la economista María Cristina Betancour expuso los principales puntos que todavía se deben despejar en esta búsqueda por reducir tiempos para aprobar proyectos, sin dejar de exigir los requerimientos ambientales que sean pertinentes.
Entre otros temas, Betancour destacó algunas recomendaciones de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), donde sugieren que, frente a la eliminación del Comité de Ministros tal como plantea el proyecto de “Evaluación Ambiental 2.0”, es preferible contemplar la creación de un nuevo organismo colegiado autónomo en vez de dejar a cargo a la misma autoridad que califica la reclamación administrativa, en este caso, el director ejecutivo del SEIA.
Reformas: ¿En qué vamos?
¿Cómo analiza el estado actual de las reformas a la permisología que están en discusión en particular las reformas al Sistema de Evaluación Ambiental y tramitación de Permisos Sectoriales?
Me parece una muy buena señal de apoyo a las actividades empresariales que el gobierno haya presentado estas reformas. La permisología es un problema grave que está trabando las inversiones. Sin embargo, siento que ante cualquier problema que haya en la economía o en la sociedad chilena en general, lo más “fácil” es recurrir a presentar proyectos de ley.
Hacer una nueva ley no soluciona nada porque lo que se requiere hoy es urgente, no en cinco años más. Las leyes solo son un marco regulatorio que permite que la solución esté dentro de él. Muchos de los proyectos de ley ni siquiera ven la luz en algún momento; espero que estos no sean los casos.
Entiendo que los escenarios se complejizan y se requiere considerar elementos nuevos, pero, en mi opinión, ello no requiere inventar la rueda de nuevo. Mi sensación es que se requiere mejor gestión y menos leyes. Al final, estas últimas lo que mejor hacen es aumentar la burocracia. Y aumentando la burocracia complicamos los procesos, no los mejoramos. Se haría un enorme aporte si cuando se crea una ley, al menos se pudiera derogar otra existente.
¿Cómo podríamos generar efectivamente una reforma basada en nuestras leyes existentes en vez de crear una nueva ley?
La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) hizo certeras recomendaciones en agosto del año pasado, fundamentalmente enfocadas en evitar la burocracia, es decir, que no se requieran leyes nuevas. Y la primera recomendación, que es reglamentaria, es la existencia de una institucionalidad coordinadora, que realice seguimiento a los proyectos a través de los distintos organismos públicos involucrados. Esta recomendación sigue el Modelo Fast 41 que funciona en Estados Unidos y sirve para evitar las iteraciones y las altas tasas de rechazo de los permisos más complejos. Este sistema también serviría para evitar las duplicidades y conflictos de competencia que es bastante común en minería.
Las recomendaciones segunda y tercera, que también son reglamentarias, se refieren a traspasar los costos al usuario, derivados de las brechas entre las capacidades de los distintos servicios y la demanda que enfrentan. Esto ya se ha estado realizando con buenos resultados, pero hay que ampliar su uso.
Otra de las recomendaciones es eliminar la práctica de requerir consulta de pertinencia como requisito previo para autorizar permisos sectoriales, que también es reglamentaria.
En otra visión, mi opinión es que deberíamos migrar hacia un sistema en que el castigo por infringir las normas sea grave, en lugar de trabar las inversiones ex ante. Ello, considerando que la mayoría de las compañías lo que quieren es cumplir con las normas para poder avanzar con sus negocios. Adicionalmente, también sería importante un acompañamiento de la autoridad para que las firmas cumplan con la normativa. Esto ha sido largamente solicitado, en particular, desde la mediana minería.
¿Cree que las reformas van en la dirección correcta o requieren ciertas modificaciones?
Creo que la dirección es la correcta, pero definitivamente se requieren modificaciones. Se intenta optimizar los procesos, pero lo que se requiere es simplificar, eliminar duplicidades y modernizar legislación. No es lo que tenemos por ahora y es una de las recomendaciones de la CNEP.
Por otra parte, recientemente la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) expuso ante el Senado sus aprensiones en relación con PDL que tiene como objetivo fortalecer la institucionalidad ambiental. Entre ellas, que las medidas para reducir plazos solo apuntan a un número menor de proyectos sometidos a evaluación ambiental. Por otra parte, el proyecto propone la eliminación del Comité de Ministros, pero quien resolvería sería la misma autoridad que califica la reclamación administrativa. Así, no se elimina el componente político. Desde la CPC proponen la existencia de una instancia colegiada autónoma.
Reducción de plazos
¿Considera que efectivamente estas reformas pueden colaborar en reducir plazos, tal como prometen?
Si se hiciera bien, creo que sí tienen el potencial de colaborar en la reducción de plazos. El tema no sólo es la demora en aprobar las leyes, sino también el proceso que toma su implementación, el cual puede tomar 4-5 años. Y en 4 o 5 años más no tendremos los 10 años de bajo crecimiento que tenemos hoy, sino 15. Entonces, no entiendo de qué reducción de plazos se habla.
En contraposición, las reformas de gestión tienen el potencial de disminuir los plazos sin que pase por los distintos poderes del Estado, pero hay que ponerlas en práctica. No sacas nada con tener una nueva ley si el funcionario que te pide más y más información no tiene ningún incentivo en facilitar las soluciones. Como su incentivo es a no equivocarse, es gratis pedir y pedir información, aunque dicha información se esté presentando por enésima vez.
Y si tienes, además, nuevas leyes ese funcionario se va a preocupar de implementar la nueva ley, de pedir más y más papeles para la nueva ley, junto a los que ya pedía antes y lo único que haces es complicar, más que simplificar. Sin una modernización del Estado me parece que crear y crear leyes complica y, por ende, no simplifica las situaciones.
Muchos de los temas que requieren una solución significativa son de gestión. Y eso no se está abordando, o al menos no se conoce mayormente. La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad ha hecho detallados estudios con todos los elementos para tomar las decisiones correctas, pero no sacamos nada haciendo estudios si no se ponen en práctica.
¿Cree usted que estas reformas puedan llegar a buen puerto en su tramitación, incentivando la generación de nuevos proyectos mineros?
Pienso que todo ayuda, que son buenas señales, pero si queremos volver a crecer con fuerza y tener certeza jurídica, que es lo que ha alejado a los inversionistas, estas reformas son menores. Realmente no tienen mayor incidencia, al menos en el corto plazo. Y en el caso del PDL que fortalece la institucionalidad ambiental, como ha señalado la CPC, podría incluso aumentar las incertezas para los inversionistas.
