Seis artículos componen el texto sobre minería aprobado el pasado sábado 14 de mayo por el Pleno de la Convención Constituyente, en base al informe propuesto por la Comisión de Medio Ambiente, redacción que se constituye en el Estatuto Constitucional de los Minerales para el borrador de la nueva Carta Magna.
Entre los principales temas aprobados se encuentra que <<el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y las sustancias minerales, metálicas, no metálicas, y los depósitos de sustancias fósiles e hidrocarburos existentes en el territorio nacional>>, <<el Estado establecerá una política para la actividad minera y su encadenamiento productivo>>, <<quedarán excluidos de toda actividad minera los glaciares, las áreas protegidas, las que por razones de protección hidrográfica establezca la ley, y las demás que ella declare>>, entre otros.
Uno de los aspectos más relevantes que se rechazó en el Pleno fue el Artículo 27, donde se buscaba modificar el actual régimen de concesiones mineras, para establecer que las actividades de exploración, explotación o aprovechamiento requirieran ser autorizadas por títulos administrativos. Previamente, la Comisión de Medio Ambiente ya había descartado de este informe otro tema controversial: la nacionalización minera.
Tras analizar el contenido de las normas sobre minería que han pasado a formar parte del borrador de la nueva Constitución, las cuatro asociaciones de industriales de la Macrozona Norte (AII-Tarapacá, AIA-Antofagasta, Corproa-Atacama y Cidere-Coquimbo), valoraron que el Pleno haya descartado las mociones que impactaban negativamente a la minería y, al mismo tiempo, se hayan aprobado artículos positivos para el desarrollo del sector, como el establecimiento de políticas a nivel de Estado para promover la minería y sus encadenamientos, entre otros.
Pero, junto con manifestar esta satisfacción, expresaron la necesidad de mantenerse en alerta ante temas nocivos que podrían reflotarse por otras vías. “Es cierto que se rechazó el Artículo 27, que pretendía modificar el sistema de concesiones mineras. Pero también es cierto que en la eventual nueva Constitución este régimen quedará desprotegido constitucionalmente y se correrá el riesgo de que quiera modificarse a través de leyes de mayoría simple”, advirtió Marko Razmilic, presidente de la AIA.
Entregar certezas
Asimismo, los líderes regionales expresaron su preocupación, porque será necesario definir rápidamente varios temas importantes para la minería a través de leyes adecuadas, de manera de entregar las certezas necesarias para que se reactive la inversión.
Daniel Llorente Viñales, presidente de Corproa, aseveró: “El nuevo informe de la Comisión de Medio Ambiente presentado sobre normas transitorias no hace más que resucitar los peores temores respecto de si será posible, o no, seguir desarrollando minería en nuestro país. ¿Es razonable que por vía de las normas transitorias se insista nuevamente con la nacionalización de empresas y con alterar el régimen de concesiones mineras? ¿Son estos temas de fondo o transitorios? Esperamos que prime la responsabilidad y el sentido común y se deje de insistir con asuntos rechazados en dos oportunidades por el Pleno”.
En tanto, el presidente de la AII, Leopoldo Bailac, declaró: “Después de meses de trabajo lo cierto es que los representantes de la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional no aprovecharon la oportunidad histórica de presentar un estatuto que promoviera el desarrollo de una minería participativa, inclusiva y sustentable. Por el contrario se empecinaron en sus posturas extremas, por lo que el Pleno finalmente terminó aprobando algo muy genérico y básico, que requerirá de leyes de quorum simple para ser modificadas, lo que entrega una cuota de inestabilidad a una industria que solo necesita tener reglas del juego claras”.
Mientras que el presidente de Cidere, Francisco Puga, también recordó que “la minería ha sido, es y será parte de nuestra cultura. Lamentablemente los eco-convencionales no entendieron eso: Chile es y seguirá siempre siendo un país minero. El mandato que ellos tenían no era nacionalizar la minería, sino asegurar el tránsito de nuestro país hacia una minería más sustentable, que generara valor y aportara al desarrollo y crecimiento de las regiones mineras. Esperamos que desistan de los artículos propuesto en las normas transitorias donde insisten con terminar con el régimen de concesiones mineras como lo conocemos. No creemos que la modalidad de normas transitorias sea la forma de resucitar artículos que han sido rechazados transversalmente y, por lo mismo, no han tenido acogida en el Pleno”.
Finalmente, los cuatro líderes de la Macrozona Norte hicieron un llamado a la Convención “para que prime el diálogo y un sentido de responsabilidad y se descarten de plano estas iniciativas que siguen causando ruidos para el desarrollo de la minería y sus encadenamientos. Algo positivo ya ha pasado con la resolución del Pleno el pasado sábado, y esperamos sinceramente que se pueda continuar en esta línea”, concluyeron.
