Ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, el ministro del ramo, Nicolás Grau, expuso los fundamentos y contenido del proyecto que crea una Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, para reducir los plazos para aprobar proyectos de inversión.
El objetivo de la norma es agilizar el otorgamiento de las autorizaciones necesarias para llevar adelante estos proyectos, independiente de su envergadura, tanto públicos como privados, en pos de aumentar la productividad y la inversión en el país.
Grau explicó a los legisladores que uno de los problemas que enfrentan los titulares y desarrolladores(as) de proyectos de inversión son los extensos tiempos de tramitación. En ese sentido, comentó que existen 380 autorizaciones, que dependen de 37 servicios públicos, que constituyen permisos relevantes para la aprobación y puesta en marcha de una inversión. Estos trámites son adicionales a la evaluación de impacto ambiental, en los casos que esta se requiera.
A través de diferentes medidas, el resultado esperado es reducir en, a lo menos, un 30% los tiempos totales, a través de:
- Reemplazo de ciertos permisos por técnicas habilitantes alternativas como declaraciones juradas. Principalmente, en proyectos de bajo riesgo.
- Se fijan plazos máximos para la entrega de informes intersectoriales requeridos para una autorización y se regula el silencio administrativo.
- Instalación de una ventanilla única digital para la solicitud de permisos sectoriales, donde los titulares podrán revisar el estado de las autorizaciones.
- Incluye un examen de admisibilidad de los proyectos.
- Se define una categoría de trámites a realizar en proyectos priorizados, donde los plazos serán aun menores.
Autorizaciones Sectoriales
Las autorizaciones sectoriales constituyen instrumentos de regulación que permiten conciliar el desarrollo de actividades económicas con la protección de intereses públicos tan relevantes como la salud, el cuidado del medio ambiente o la seguridad de las personas.
Según detallaron en la sesión, el problema actual es que estos permisos demoran 7 u 8 veces más de lo estipulado en las normas y, en algunos casos, ni siquiera existen plazos determinados.
Desde la industria se ha manifestado en varias ocasiones que esta complejidad regulatoria es un elemento que impide el crecimiento y la productividad, sumado a una baja en el nivel de inversión que ostenta el país.
El ministro de Economía fue enfático en destacar que este proyecto no implica una menor regulación sino una “mejor”. Se busca, agregó, mantener una buena calidad regulatoria pero sin necesidad de demorarnos tanto como hoy.
El diputado Miguel Mellado (RN), presidente de la Comisión de Economía, precisó que avanzarán en conformar mesas técnicas con asesores de gobierno, Congreso y sectores productivos, como las pymes, para analizar la iniciativa y consensuar las mejoras que sean pertinentes.
