La Cámara de Diputados aprobó -por 122 votos a favor, 2 en contra y 21 abstenciones-, el informe redactado por la Comisión Investigadora (CEI 62) que buscaba indagar los actos de Corfo y otras autoridades respecto del proceso de licitación para la creación de un Instituto de Tecnologías Limpias (ITL).
Según información de la Cámara Baja, el documento cuestiona el procedimiento realizado en la Etapa de Solicitud de Propuestas para el ITL. Se destaca el accionar de la Comisión Evaluadora (entidad interlocutora entre la unidad técnica y la instancia que tomó las decisión de asignación) y su conformación de carácter política y no técnica.
Asimismo, el texto de la comisión refuta que, a pesar de que los evaluadores expertos internacionales sostuvieron que la propuesta presentada por la Corporación Alta Ley, como mandataria de las entidades agrupadas en ASDIT, era superior en todos los aspectos ponderados a la propuesta de AUI, se hizo “caso omiso a dicha evaluación y se modificaron los criterios para rebajar las calificaciones obtenidas por la primera y se aumentaron las obtenidas por la segunda, por parte del comité evaluador nacional”.
El documento de la comisión investigadora afirma que se cometió un error (no subsanado) al momento de entregar información poco veraz sobre la propuesta de la Corporación Alta Ley (ASDIT), en cuanto al financiamiento del proyecto. Con ello, se aminoró el aporte del consorcio chileno en US$37 millones, cuando en realidad ascendía a US$84 millones.
Responsabilidades
Asimismo, en el informe se califica como sumamente graves las acusaciones de intervención del exvicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas. Ello, considerando variadas inhabilidades que pesaban en su actuar por ser parte de los directorios de las entidades postulantes.
Además, según se consigna en Camara.cl, en el texto se remarca que sus actuaciones tendieron a “limitar los recursos de la propuesta y entregar información falsa a los ministros y subsecretarios que conformaron el Consejo de Ministros”.
La propuesta ganadora
La propuesta ganadora (AUI) se adjudicó 143 millones de dólares, cifra exacta postulada a licitación por este consorcio de universidades extranjeras. Mientras, la del consorcio de universidades nacionales (ASDIT) fue por el total del monto a licitar (193 millones de dólares), tal como era la disponibilidad de recursos ofrecida en la convocatoria y establecido en el contrato con SQM como aporte de I+D para el ITL.
Como se de talla en el informe de la comisión, la relevancia de esta situación radica en que, en una reunión previa, Terrazas sugirió el cambio del monto a entregar. Así, planteó derivar 50 millones de dólares del dinero entregado por SQM a proyectos de investigación científica temprana.
Además, en el documento se destaca que ya se contaba con la evaluación (julio 2020) de los expertos internacionales y ya se había celebrado la sesión del 15 de octubre de 2020, en donde el comité evaluador nacional modificó los puntajes obtenidos, favoreciendo la opción de AUI.
La Comisión concluyó que existió una acción concertada por parte de la institucionalidad y refutó la participación de Terrazas. El informe indica que “se han cometido, al menos, faltas al principio de probidad que rige la actuación de los actos de los organismos públicos (…). Bien podría calificarse este actuar como un aprovechamiento de información privilegiada que han resultado ser claves para la adjudicación del proyecto”.
En el texto se resalta lo indispensable que es que se modifiquen y estandaricen los diferentes procesos de licitación. De este modo, se espera no dar espacio a ambigüedades.
Igualmente, se sugiere dejar sin efecto la adjudicación y realizar un nuevo proceso licitatorio para la creación del ITL. Para ello, se insta a usar estándares y bases de licitación claros, sin modificaciones posteriores ocultas. Además, con las debidas notificaciones a los concursantes, a fin de que el consorcio ganador sea el que más aporte pueda traer a la innovación y desarrollo de tecnologías verdes.
Por otra parte, -según consigna Camara.cl, se plantea que la Corfo realice las modificaciones necesarias en las Bases Administrativas Generales. La idea es incluir parámetros y procedimientos estándares para la realización de procesos de evaluación y adjudicación de proyectos en los diversos programas.
Finalmente, entre otras recomendaciones, se remiten los antecedentes a la Contraloría y al Ministerio Público. De este modo, se espera que se evalúen las eventuales responsabilidades administrativas y penales del caso.
En el debate intervinieron Luis Alberto Cuello (PC), Tomás Hirsch (IND) y Jaime Araya (IND). Los tres coincidieron en la importancia de esta investigación y relevaron el nivel de acuerdo en la redacción de las conclusiones y, según datos de la Cámara, lamentaron la constatación de irregularidades en el proceso de licitación.
En particular, se criticó el cambio de condiciones en las bases; la sospecha del uso de información privilegiada; y el actuar de Pablo Terrazas.
