Mantoverde informó que, durante la noche del domingo 18 de enero, cerca de las 23:00 horas y luego del traslado del campamento de la huelga desde la mina hacia la planta desalinizadora, un grupo de personas ingresó de manera ilegal y violenta a dichas instalaciones, mientras trabajadores se encontraban cumpliendo sus funciones habituales en el lugar.
La planta desalinizadora, ubicada aproximadamente 40 kilómetros al oeste de la mina, suministra toda el agua que requiere la operación.
Desde la minera aseguraron que, de acuerdo con los antecedentes disponibles, “el ingreso se produjo mediante actos de fuerza previamente coordinados, habiéndose registrado múltiples intentos de vulnerar los accesos durante la jornada, así como lanzamiento de piedras con hondas, hostigamientos a trabajadores, destrucción de cámaras de seguridad (CCTV), quema de neumáticos en terrenos de la compañía e impedimentos de acceso a trabajadores e incluso a carabineros”.
“Una vez al interior de las instalaciones, se registraron amenazas de muerte directas contra los trabajadores presentes en el lugar y la intervención del sistema eléctrico de la desalinizadora, lo que provocó la detención del abastecimiento de agua al campamento y a los procesos de Mantoverde”, añadieron.
Junto con ello, la empresa desmintió “tajantemente las versiones del Sindicato sobre supuestos ataques injustificados por parte de los guardias de seguridad que protegían las instalaciones, ya que han actuado conforme al protocolo para resguardar la integridad de la planta desaladora y de las personas que trabajaban en ella”.
La compañía rechazó “categóricamente este tipo de conductas violentas e ilegales, que no sólo vulneran la ley, sino que también atentan contra la integridad física y psicológica de trabajadores que nada tienen que ver con el conflicto, y que se encontraban desarrollando labores esenciales”.
Cabe recordar que la minera ha recurrido a diversas instancias judiciales, existiendo una orden de no innovar con medidas de protección para resguardar la seguridad de las personas y de las instalaciones. En este contexto, y frente a la escalada de violencia registrada, la empresa reiteró la solicitud de apoyo de la fuerza pública a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó, sin que hasta ahora haya sido posible contar con dicho resguardo en terreno, recalcaron.
Mantoverde reafirmó su compromiso irrestricto con el respeto de los derechos laborales, el diálogo dentro del marco de la ley y la convivencia pacífica. “Sin embargo, la compañía será intransigente frente a hechos de violencia, amenazas de muerte y sabotaje, y adoptará todas las medidas necesarias para proteger a las personas y garantizar condiciones operacionales seguras”, expresaron.
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Mantoverde condena grave hecho que afectó a sus instalaciones
