En una declaración apoyada por más de 200 agrupaciones medioambientales y territoriales.
El gobierno envió al Senado la reforma a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente – más conocida como 19.300 – que actualmente se encuentra en primer trámite constitucional.
Ante esto, ONG ambientalistas, movimientos territoriales y pueblos indígenas, señalarón que el proyecto que era esperado como una oportunidad de mejora en los estándares de protección ambiental, puede transformarse en una amenaza, en caso de aprobarse las indicaciones presentadas por el gobierno y por la oposición.
En el documento se identifican 10 puntos como los más perjudiciales de la reforma, entre los que se encuentran el fin del principio preventivo en la evaluación de proyectos; aceleración de tramitación de proyectos elegidos discrecionalmente con el criterio político del gobierno de turno; creación de una estamento del Estado destinado a revisar y aprobar las reclamaciones de privados; se eleva el rol del Servicio de Evaluación Ambiental, dándole a éste la posibilidad de modificar sus observaciones para responder a un criterio economicista por sobre el de otros estamentos especializados.
“Este proyecto de ley no va a beneficiar al medio ambiente ni los derechos de las personas, está hecho simplemente como una lógica de favorecer ciertos intereses económicos más poderosos, cuestión que a larga genera grandes perjuicios para el país. Genera mayor conflictividad, menores posibilidades de desarrollo efectivo, y por lo mismo, creemos que debe hacerse una reflexión sobre este proyecto, quitarle la urgencia, y volver a ver si es posible una negociación que sea razonable para la protección ambiental”, señala Ezio Costa, abogado y director ejecutivo de ONG FIMA.
Por su parte, Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, señaló que “el gobierno y los sectores productivos parecen olvidar que la ‘permisología’ contra la cual protestan, ha sido clave para mitigar los conflictos socioambientales, controlar la contaminación atmosférica y prevenir la proliferación de nuevas zonas de sacrificio”.
Asimismo, Larraín enfatizó que “para brindar certidumbre y eficiencia tanto a los inversionistas como a la población, el sistema ambiental chileno necesita inversión y fortalecimiento de sus estructuras. Se requieren más recursos, tanto técnicos como humanos, una solución que todos reconocen, pero que nadie parece estar dispuesto a asumir”.
La declaración denuncia que la denominada “Evaluación Ambiental 2.0”, relega la participación local en la evaluación ambiental de proyectos, con indicaciones que restringen la injerencia de los Gobiernos Regionales y Municipalidades en la Evaluación Ambiental; Deja de lado la posibilidad de revisar proyectos si es que surgen nuevos impactos no considerados previamente en la evaluación original; se reduce la importancia del Ministerio de Medio Ambiente en la evaluación de proyectos, limitando su intervención en la Evaluación Ambiental Estratégica, instrumento clave para la planificación de los territorios.
La declaración culmina con un llamado al Ministerio de Medio Ambiente a quitarle urgencia legislativa al proyecto y, en caso de continuar, insta al Congreso a rechazar el proyecto de reforma a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, pues constituye un retroceso respecto a la legislación vigente. Además hace un llamado a la ciudadanía, a informarse sobre las consecuencias medioambientales que este proyecto puede tener en sus territorios.
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