Parte de los argumentos presentados en el documento son las ganancias de las grandes empresas en los últimos 30 años: estiman que fueron “alrededor de 900 mil millones de dólares, entre 1990 y 2020”.
La propuesta de “nacionalización de las empresas de la gran minería del cobre, del litio y del oro“, ingresada a la plataforma digital de la Convención Constitucional, logró 15.330 apoyos, lo que le permite el ingreso a la discusión en la comisión de Medio Ambiente de la instancia.
La idea fue presentada por el Comité de Defensa y Recuperación del Cobre, con el apoyo de la ONG Recuperemos el Cobre de Chile, la Confederación de Trabajadores del Cobre, la Coordinadora por la Renacionalización del Cobre y los Bienes Comunes, el Movimiento Internacional de Trabajadores, el Sindicato Nacional Interempresa de la Minería, el Frente por la Renacionalización del Cobre y la Fundación Latinoamericana Dr. Salvador Allende.
La propuesta identifica “muchas necesidades sociales que no pueden ser satisfechas con el pretexto que no existen recursos necesarios. Sin embargo, la minería del cobre, especialmente, y también la del litio y del oro, generan recursos más que suficientes para satisfacer todos esas necesidades“. Además, consigna que “las empresas mineras, por lo general extranjeras, no pagan los tributos necesarios”.
Por todo lo anterior, la iniciativa contempla “que todas las grandes empresas mineras estén en manos del Estado”, es decir, “la nacionalización de las grandes empresas mineras del cobre, del litio y del oro”.
Parte de los datos que sustentan la iniciativa están en las producciones de minerales en la historia de la República: en 1989 se producían 1,6 millones de toneladas de cobre, con el 90% e la producción de parte del Estado y con un aporte del 25% al presupuesto nacional; mientras que en 2020 se producen 5,73 millones de toneladas, pero con un aporte significativamente menor del 5,9% al erario fiscal, según la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).
Sobre lo anterior, otro de los argumentos considerados es la exportación de concentrados nominal versus la real, planteando sobre esta última un 20 a 25% mayor que la primera. En suma, el cobre, más el oro, la plata, el molibdeno, el reino, el cobalto, selenio, telurio, platino, paladio, azufre y otros metales, han significado para las mineras privadas “alrededor de 900 mil millones de dólares, entre 1990 y 2020“, según se lee en la iniciativa.
La nacionalización considera indemnización, lo que “corresponderá al Contralor General de la República determinar el monto de la indemnización que deba pagarse a las empresas nacionalizadas y a sus filiales“. Además, se considera una detallada secuencia de medidas relativas a los accionistas de las empresas a nacionalizar, las directivas de cada una de las compañías, los plazos para llevar a cabo esto, entre otros.
Fuente: ADN Radio