Con la finalidad de conocer y debatir el reciente anuncio, por el cual Codelco y la empresa Soquimich SQM se comprometen a la producción en conjunto de litio en el Salar de Atacama hasta el año 2060, la Sala del Senado realizó una sesión especial que contó con la presencia de la ministra de Minería, Aurora Williams; el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el presidente del Directorio de Codelco, Máximo Pacheco y representantes de la cuprífera estatal.
Los legisladores y legisladoras hicieron presentes sus comentarios, dudas y críticas a este convenio que “no contó con el procedimiento de una licitación internacional” y “se privilegió un acuerdo directo”, del cual “no hubo conversaciones previas con las comisiones de Minería”, según detallaron varios congresistas.
Asimismo, hubo diversas opiniones sobre si esta asociación pública- privada para desarrollar en conjunto las actividades productivas y comerciales en el Salar de Atacama beneficiará o no a Chile, considerando que Codelco tiene un alto endeudamiento.
Sin perjuicio de que varios parlamentarios solicitaron realizar una nueva sesión especial para analizar este tema, el ministro de Hacienda aclaró que los ingresos de esta negociación irán al Fisco y detalló que se producen por cuatro vías distintas. “Una son los impuestos, otra es el royalty (minero), otra es la participación en los ingresos por parte de las comunidades, los municipios y las regiones, que de paso están resguardadas por el convenio entre la Corfo y Codelco para la asignación de los derechos de explotación de 2030 a 2060, además de la participación de propiedad“.
Cabe precisar que Codelco tendrá una participación temprana en las utilidades de la sociedad común, ascendentes a 201.000 toneladas de carbonato de litio equivalente provenientes de los contratos entre Corfo y SQM, que se incrementará al 50,01% de la producción total de litio y otras sustancias a partir de enero de 2031.
Al respecto, diversos parlamentarios hicieron presente sus dudas respecto a cómo se realizaron los cálculos y valoraciones de la producción. Apuntaron a la fragilidad del ecosistema del Salar de Atacama y la situación de las comunidades indígenas del Altiplano.
Cabe mencionar que esta asociación, en la medida que se cumplan ciertas condiciones, se materializará a partir del 1 de enero de 2025, y se estructurará a través de una sociedad común con una participación mayoritaria del Estado de Chile (50% más una acción).
La nueva sociedad asumirá los actuales contratos entre Corfo y SQM hasta diciembre de 2030 (fecha original de vencimiento de estos), para luego transitar a una operación regida por los nuevos contratos suscritos entre Corfo y Minera Tarar (filial 100% de Codelco), los cuales serán aportados a la sociedad común y regirán desde enero de 2031 hasta diciembre de 2060.
Comisión de Gobierno: preocupación por las comunidades
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización continuó profundizando en la materia, centrado en los efectos para las comunidades aledañas.
Al respecto, el presidente de la instancia, senador Esteban Velásquez, sentenció que “es un tema debatible, cuestiones que no sabemos si se garantizarán en el tiempo, tengo aprensiones, no cualquier socio le hace bien al Estado… Pero esperamos que desde los territorios que nos veremos impactados, se anuncien los planes de inversión y desarrollo que se tiene que hacer”.
Al respecto, Máximo Pacheco detalló que “nos reunimos con los pueblos atacameños 10 días antes de este memorándum de entendimiento, pero ya veníamos con reunión durante el año con el Consejo, porque entendemos que es un tema relevante. Hemos escuchado con especial atención y dolor por los abusos y engaños en el pasado, asimismo las necesidades para sus territorios”.
Además, transparentó que enviaron una misiva al Consejo Atacameño, reconociendo las dudas sobre las formas de comunicar y “esperamos que dicho malestar pueda ser resuelto a través de un dialogo franco. Estamos comprometidos con hacer las cosas de una manera diferente, de buena manera y como un buen vecino”.
Sobre las preocupaciones de las comunidades por el aumento de la cuota de explotación de litio durante 2025 – 2030, aclaró “que no alteran los compromisos vigentes, no significa que vayamos a bombear más salmuera, no hay ningún impacto medioambiental en el salar. La mayor eficiencia del proceso será fruto de más inversiones y más investigación y desarrollo para implementar nuevas tecnologías que aumenten la recuperación de litio”.
