Dirigentes de la estatal denunciaron que la iniciativa “en la práctica se traducirá en un aumento de costos ‘a precios de mercado’ para el tratamiento de los productos de Enami”.
Los Sindicatos de la Empresa Nacional de Minería (Enami), emitieron una declaración pública sobre el proyecto ley impulsado por la administración de Sebastián Piñera en el que se modifica las condiciones de la relación entre Codelco y Enami establecidas en la ley que dispuso el traspaso de la fundición de Ventanas.
“Este cambio en las reglas del juego, libera a Codelco de la actual obligación legal existente de mantener, en Ventanas, la capacidad de fusión y refinación necesaria para garantizar, sin restricción ni limitación alguna, el tratamiento de los productos de la pequeña y mediana minería que envíe la Empresa Nacional de Minería, lo que en la práctica se traducirá en un aumento de costos ‘a precios de mercado’ para el tratamiento de los productos de Enami”, detalló el comunicado.
Los sindicatos indicaron que condenan “este nuevo intento de perjudicar” a la estatal efectuado en la postrimerías y por “un supuesto interés medioambiental”. Además, hacen un llamado a los parlamentarios y parlamentarias a rechazar el proyecto de ley, ya que este “perjudicará gravemente” a la empresa y a los pequeños y medianos productores mineros.
Junto con condenar el proyecto, los sindicatos señalaron que “con esta acción es desmedida y extemporánea a su gestión, demostrando una vez más la escasa o poca importancia que el Ejecutivo trata a Enami, los 16 Sindicatos de ENAMI nos hemos pronunciado en respuesta frente a la licitación publicada en el sitio www.tattersallgda.cl, donde la actual administración liderada por el Sr. Valdivieso desde mayo de 2021, pretende enajenar patrimonio de la empresa en un valor inferior a los avalúos fiscales”.
“Esta semana, en un comunicado masivo, el Vicepresidente ha anunciado un resultado histórico para el cierre del ejercicio financiero, reportando números azules por primera vez en los últimos 10 años, esta situación genera una mayor incertidumbre del razonamiento para la venta del Patrimonio, la cual no está autorizada por el directorio, lo cual en la praxis representa y/o gráfica una gestión poco clara en los intereses de las comunidades y los habitantes de nuestro país”, finaliza la declaración pública.
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