Con la visita a seis sectores del sector sur del Salar de Atacama, el Primer Tribunal Ambiental realizó una inspección personal en el marco de la reclamación que efectuó minera Escondida contra la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), por la multa de más de $7.600 millones aplicada debido a incumplimientos ambientales.
La diligencia, que fue encabezada por el ministro en ciencias, Marcelo Hernández, comenzó en Peine y finalizó en el sector norte del acuífero. En ella participaron los abogados y profesionales de la minera y de la SMA, así como el equipo del tribunal.
Entre los sectores inspeccionados están el pozo de observación DGA-4, los pozos de monitoreo SAT-2, TP-1, TP-2 y TP-3; así como el punto de monitoreo H-PAT, las Vegas de Tilopozo, el sistema de lagunas La Punta y la Brava y el denominado canal de disolución.
Desde el Tribunal explicaron que el lugar que concitó la mayor atención fue el de Las Vegas de Tilopozo, debido a que en ese sector, de acuerdo a la SMA, la minera provocó un daño ambiental, por lo cual el ministro a cargo de la diligencia, efectuó una serie de consultas y se llevó a cabo un recorrido para observar en terreno las características del ecosistema.
Durante la visita, la abogada de la SMA, Katharina Buschmann, reiteró los argumentos de la superintendencia respecto a que la minera no detuvo la extracción de agua, aun cuando había constatado los descensos en el acuífero más allá de lo permitido en su permiso ambiental. Esto porque la compañía ha expresado que no sobrepasó el umbral permitido y que la medición se efectuó en un lugar distinto. A juicio de la profesional, la compañía “no está considerando el descenso de los pozos, sino el flujo pasante mediante un modelo que no está validado”.
Finalmente, Buschmann concluyó que “parece poco razonable para la SMA que estén tratando de excusarse de un incumplimiento en un sector tan sensible”.
En tanto, el abogado de la minera, Patricio Leyton, sostuvo que no desconocen el descenso del nivel del acuífero en algunos sectores, pero que no se ha provocado un daño ambiental en Las Vegas.
Además, Leyton aseguró que “permanentemente informó a la Dirección General de Aguas (DGA) de los monitoreos realizados y los descensos”. Sin embargo, Buschmann manifestó que “en ningún caso se puede entender que la obligación de Escondida estaba en reportar, porque la obligación de cese de extracción es del titular”.
Con la reclamación, la minera espera revertir la multa que le aplicó el organismo fiscalizador luego de un proceso sancionatorio y la formulación de cargos graves y gravísimos debido a la sobreextracción de aguas subterráneas
