La multigremial cuestionó los obstáculos legales a iniciativas que ya aprobaron evaluación ambiental, en contexto de crisis laboral en la región.
La Cámara de la Producción y del Comercio (CPC) Biobío manifestó preocupación por el impacto de acciones judiciales que buscan invalidar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable del proyecto de tierras raras de Aclara en Penco, advertiendo que la judicialización profundiza la incertidumbre económica en una región que enfrenta crisis laboral.
Álvaro Ananías, presidente del gremio, cuestionó los constantes obstáculos legales que enfrentan iniciativas productivas que ya han sorteado exhaustivamente las exigencias del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Paralización de inversiones y empleo
“La permanente judicialización a proyectos que ya han cumplido exhaustivamente con la evaluación técnica e institucional, como el proyecto de Aclara, no contribuye en absoluto a lo que hoy necesita con urgencia la Región del Biobío”, señaló Ananías. El líder empresarial enfatizó que “necesitamos volver a crecer, atraer inversiones y generar empleos de calidad en nuestra región”.
Según la multigremial, las acciones legales profundizan la incertidumbre económica en un contexto donde Biobío requiere certeza para reactivar la inversión local. Ananías advirtió que “la falta de garantías ahuyenta los capitales necesarios para el desarrollo local”.
Llamado a respetar institucionalidad
Desde la CPC Biobío instaron a los distintos actores locales a validar las decisiones tomadas por organismos competentes del Estado. El presidente del gremio concluyó con un llamado directo: “Hacemos un llamado a respetar la institucionalidad y los dictámenes técnicos de los servicios ambientales”.
La multigremial enfatizó que Biobío requiere certezas para trabajadores, certezas para inversionistas y una mirada estratégica de desarrollo que permita recuperar el liderazgo productivo del centro sur de Chile. El debate refleja la tensión permanente entre la actividad industrial minera y los procesos de reclamación judicial en la región, factor que según el sector privado paraliza la reactivación económica.
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