Experta advierte que proyectos con aprobación ambiental enfrentan años de litigio, retrasando inversiones por US$10.600 millones y comprometiendo competitividad sectorial en contexto de demanda global de minerales.
La judicialización de proyectos con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable se ha consolidado como un factor crítico que afecta la inversión en minería, energía e infraestructura en Chile. Durante el primer semestre de 2026, los Tribunales Ambientales registraron 32 reclamaciones declaradas admisibles, elevando a 67 las causas en tramitación vinculadas a 59 proyectos por US$10.655 millones, según monitoreo de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).
Juanita Galaz, directora ejecutiva de MYMA, caracteriza el fenómeno como un problema estructural que ha sobrepasado la capacidad de resolución institucional. La especialista explica que estos procesos pueden demorarse más de dos años entre el Tribunal Ambiental y la Corte Suprema, generando una incertidumbre que reduce drásticamente la previsibilidad sobre cuándo un proyecto obtiene autorización definitiva.
Impacto crítico en ventanas de oportunidad comercial
Para la minería, el costo de oportunidad es especialmente severo. Galaz señala que las buenas oportunidades comerciales en minería no son permanentes y deben aprovecharse dentro de sus ventanas de máxima demanda internacional. En el contexto actual de buenos precios del cobre y creciente demanda por minerales críticos, los retrasos implican pérdida de actividad económica, recaudación, producción, empleo y también que otros países ocupen espacios estratégicos en mercados vinculados a la transición energética.
El problema no radica en la existencia de mecanismos de revisión judicial, sino en que una aprobación ambiental quede sometida durante años a nuevas instancias de reclamación. Esto impacta negativamente la certeza jurídica necesaria para que inversores nacionales e internacionales tomen decisiones de capital en sectores intensivos como minería, energía e infraestructura.
Desproporción entre tiempo de litigio y resultados confirmados
Un dato que revela la ineficiencia temporal del sistema es que una parte importante de las decisiones cuestionadas termina siendo confirmada por los tribunales. “Este hecho valida la calidad del sistema administrativo pero evidencia una ineficiencia temporal en la resolución de controversias”, sostiene Galaz. Existe, en su análisis, una evidente desproporción entre el tiempo que toma litigar —años— y el efecto final alcanzado: confirmar lo que la autoridad ya había resuelto.
La especialista también observa mayor profesionalización de los actores que interponen reclamaciones. Sin embargo, más que una estrategia coordinada para bloquear proyectos, existe mayor especialización de estudios jurídicos, consultoras y organizaciones de la sociedad civil en materia de reclamaciones ante Tribunales Ambientales.
Propuestas para compatibilizar protección ambiental con desarrollo
Galaz enfatiza que cuestionar la institucionalidad ambiental no es el objetivo. El desafío consiste en perfeccionar el sistema mediante menores tiempos de respuesta, mayor claridad normativa, estándares técnicos consistentes y participación temprana de comunidades. “La protección ambiental y el desarrollo de proyectos no son objetivos contrapuestos, sino dimensiones complementarias que pueden y deben avanzar de la mano”, afirma.
Sus propuestas incluyen mejorar coordinación entre organismos públicos, evitar exigencias que no aporten a la evaluación, establecer criterios previsibles y fortalecer gestión temprana de controversias con participación del Estado. También plantea avanzar en mayores exigencias de fundamentación, filtros de admisibilidad más efectivos, mecanismos para evaluar tempranamente el mérito de reclamaciones y plazos de tramitación razonables.
El diagnóstico refleja una tensión estructural en el ciclo de desarrollo de proyectos de inversión en Chile. Mientras la permisología ha sido tema central, la etapa post-RCA se ha convertido en un cuello de botella que afecta directamente la competitividad de sectores estratégicos en contexto de transición energética global.
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