Comunidades indígenas presentan reclamación judicial contra proyecto Desarrollo Futuro División Ministro Hales – Reporte Minero | El portal de minería en Chile

La Asociación Indígena Lay Lay busca anular la RCA de la iniciativa cuprífera, acusando vicios en la decisión del Comité de Ministros e impactos no evaluados sobre la zona saturada.

La Asociación Indígena de Regantes y Agricultores de Lay Lay interpuso una reclamación judicial ante el Primer Tribunal Ambiental en contra de la resolución del Comité de Ministros. La acción busca revertir la calificación ambiental favorable del proyecto “Desarrollo Futuro DMH”, operado por la División Ministro Hales de Codelco en la Región de Antofagasta.

El recurso legal argumenta que las observaciones ciudadanas no fueron debidamente ponderadas durante la tramitación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Los demandantes solicitan anular la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y rechazar la iniciativa, acusando deficiencias en las medidas propuestas para mitigar los impactos industriales.

Vicios administrativos y gobernanza

El documento cuestiona directamente la legalidad del Acuerdo N° 24/2026, instrumento base de la aprobación ministerial. La agrupación denuncia vicios en la convocatoria, el quórum y la votación de la sesión, apuntando a la doble integración de carteras por parte del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas Valdés.

La reclamación acusa una falta de imparcialidad del secretario de Estado, argumentando su participación previa como delegado presidencial para ejercer las facultades de accionista de Codelco. A esto suman declaraciones públicas emitidas por la autoridad antes de la formalización del acto administrativo.

En el ámbito técnico, la acción judicial acusa la omisión de seis planteamientos críticos ingresados en la fase recursiva. Entre ellos destacan la falta de validación municipal de las medidas de abatimiento, condicionamientos omitidos de la Dirección General de Aguas (DGA) sobre el tranque Talabre y la participación en beneficios bajo el Convenio 169 de la OIT.

Calidad del aire y recursos hídricos

Uno de los ejes centrales de la controversia es el impacto de la expansión minera sobre la calidad del aire en Calama. El territorio cuenta con la condición de zona saturada por MP10, carece actualmente de un plan de descontaminación vigente tras su anulación judicial y enfrenta, según los recurrentes, una ausencia de medidas idóneas para abordar las nuevas emisiones del rajo.

En materia hídrica, la reclamación advierte riesgos directos sobre la sustentabilidad y la capacidad de regeneración del acuífero Calama-Yalquincha. Paralelamente, los agricultores reclaman deficiencias graves en la caracterización antropológica de los grupos humanos indígenas y la exclusión de elementos esenciales de su cosmovisión territorial.

Extensión operativa y rechazo de cautelares

El megaproyecto estructural de la corporación estatal contempla una inversión de US$ 2.800 millones. Su diseño estratégico busca prolongar la explotación minera por 30 años, proyectando alcanzar una producción de 830.000 toneladas anuales de concentrado de cobre.

Pese a admitir la causa a trámite para exigir los informes a la autoridad ambiental, el Primer Tribunal Ambiental rechazó la medida cautelar solicitada por la comunidad. La magistratura descartó suspender temporalmente los efectos de la RCA, argumentando la inexistencia de antecedentes que presuman un daño inminente o un peligro de perjuicio irreparable para la salud de la población local.

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